LA PAZ, 11 nov (El Libre Observador) — El Gobierno de Bolivia anunciará en tres semanas el proyecto final para eliminar de manera gradual la histórica subvención a los combustibles, una medida que podría marcar un punto de inflexión en la política económica y energética del país. El plan, según adelantó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, incluirá un componente social para proteger a los sectores más vulnerables y busca cerrar una etapa de fuerte dependencia fiscal.
“Elaboramos un esquema técnico que permita tratar la subvención y revisar la estructura de precios en el país. Es un tema complejo, pero impostergable”, declaró Medinaceli tras posesionar a Tatiana Genuzio como nueva viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos.
El ministro explicó que la subvención representa entre el 4% y el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que, según dijo, “beneficia tanto al señor que maneja un Mercedes-Benz como a la señora que usa el combustible solo para cocinar”.
El nuevo Gobierno del presidente Rodrigo Paz busca transformar ese esquema “ineficiente e inequitativo” en un sistema de apoyo más focalizado y sostenible.
Una herencia fiscal insostenible
La arquitectura actual de precios de la subvención a los combustibles proviene del Decreto Supremo 24914, de 1997 en el gobierno de Hugo Banzer, que tuvo su modificación estructural en 1999 con la norma 25530, a lo que luego se añadieron decenas de ajustes parciales.
Desde 2004, Bolivia mantiene precios congelados para la gasolina y el diésel —3,74 y 3,72 bolivianos por litro, respectivamente— pese a que los costos internacionales de importación y transporte se han disparado.
Según datos oficiales, el Estado gasta alrededor de 60 millones de dólares semanales para sostener el subsidio, mientras el diferencial de precios ha estimulado el contrabando hacia Perú, Brasil, Chile y Argentina, donde el litro de combustible ronda un dólar.
“Hay quienes se han hecho millonarios contrabandeando combustible subvencionado con los impuestos de todos los bolivianos”, denunció Medinaceli. “Tenemos que hacer esto más eficiente y evitar que los recursos públicos terminen financiando actividades ilícitas.”
La presión sobre las finanzas públicas creció en los últimos años. En 2023, la subvención energética representó el mayor gasto corriente después de la masa salarial estatal, superando incluso la inversión pública directa. Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID han advertido que su mantenimiento compromete la estabilidad macroeconómica y limita la capacidad de inversión en sectores productivos.
Un cambio con impacto social
Medinaceli subrayó que el levantamiento de la subvención no será abrupto y que irá acompañado de un plan social orientado a mitigar los efectos en el costo de vida de los hogares de menores ingresos.
“Estamos trabajando en paralelo en un plan social para ayudar a la gente más pobre. No se trata solo de ajustar precios, sino de reestructurar todo el sistema de apoyo”, dijo.
El ministro evitó precisar si la subvención se mantendrá parcialmente para el sector público o el transporte, sectores que advirtieron posibles alzas de tarifas o medidas de presión. “Las puertas del ministerio están abiertas al diálogo. El mandato del presidente Paz es claro: no abrir las puertas al conflicto, sino a la negociación”, añadió.
Genuzio, la nueva viceministra, será responsable de los modelos económicos y técnicos que definan los márgenes de precios y los mecanismos de compensación. “La urgencia de su designación obedece a la necesidad de tener resultados técnicos sólidos en tres semanas”, precisó Medinaceli.
Una promesa de campaña y una apuesta de riesgo
El presidente Rodrigo Paz ha reiterado en varias ocasiones que la eliminación gradual del subsidio fue una promesa de campaña, concebida como parte de un viraje estructural para recuperar la estabilidad económica y atraer inversión al sector energético.
El subsidio fue durante años un símbolo de redistribución social y estabilidad de precios. Sin embargo, el deterioro de la producción de hidrocarburos y el incremento de las importaciones transformaron esa política en una pesada carga fiscal.
La administración Paz busca reemplazar el esquema de subsidio universal por mecanismos de compensación directa, orientados a los hogares de menores ingresos y a programas de transporte público eficiente.
El objetivo —según fuentes oficiales— es liberar recursos que puedan destinarse a infraestructura, transición energética y desarrollo productivo, en línea con la nueva agenda económica del Gobierno.
El espejo regional: ajustes difíciles, lecciones compartidas
El desafío que enfrenta Bolivia no es nuevo en América Latina. Perú, por ejemplo, eliminó gradualmente su subsidio a los combustibles en 2010, combinando la liberalización de precios con compensaciones directas a los sectores de transporte y minería artesanal. Esa transición —aunque inicialmente resistida— permitió reducir el déficit fiscal y estabilizar el mercado.
Argentina, en cambio, mantuvo durante años una política de precios controlados que distorsionó el mercado interno y derivó en fuertes presiones sobre las reservas del Banco Central. Solo en 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández, se inició una normalización parcial de precios, acompañada de un programa de subsidios focalizados a sectores de bajos ingresos y transporte público.
En México, la administración de Andrés Manuel López Obrador optó por mantener un esquema híbrido: subsidios parciales que se ajustan semanalmente según las variaciones internacionales del petróleo, con el argumento de proteger el poder adquisitivo en un contexto inflacionario global.
Bolivia ahora enfrenta el mismo dilema: cómo equilibrar sostenibilidad fiscal y paz social. El proceso, advierten los analistas, será más político que técnico. El reto de Paz será explicar que el subsidio, más que un derecho, se ha convertido en un costo insostenible que limita la inversión, el crecimiento y la competitividad del país.
En las próximas tres semanas, el Gobierno boliviano se juega buena parte de su credibilidad. Si logra presentar una reforma equilibrada —que combine transparencia, gradualidad y compensación social—, podría sentar las bases de una nueva gobernanza energética en la región andina.
De lo contrario, se enfrentará al riesgo de una tormenta política en torno al precio de la gasolina, un asunto que, en Bolivia, siempre ha sido más que económico: ha sido, históricamente, un tema de poder y gobernabilidad.
