LA PAZ, 12 nov (El Libre Observador) — En un tono inusualmente franco para un alto funcionario del Gobierno boliviano, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, admitió este miércoles que cárteles internacionales del narcotráfico ya operan dentro de Bolivia.
“Definitivamente los cárteles están acá. El narcotráfico no tiene fronteras. Bolivia no puede prescindir de la cooperación internacional”, declaró Justiniano con una mezcla de alarma y pragmatismo. Su mensaje rompe con la habitual retórica de autosuficiencia que, durante años, caracterizó el discurso oficial sobre la lucha antidrogas.
Bolivia, enclavada entre los grandes corredores de cocaína que conectan la Amazonía con el Atlántico y el Pacífico, se ha convertido en un punto de tránsito, almacenamiento y procesamiento. Las rutas se extienden desde el trópico de Cochabamba y el norte de La Paz, hasta los llanos orientales de Santa Cruz y Beni, regiones donde los clanes locales han tejido alianzas con redes extranjeras que, según fuentes de inteligencia regional, incluyen estructuras del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil y grupos ligados al narcotráfico paraguayo.
Justiniano no dio nombres, pero admitió la magnitud transnacional del problema: “Son organizaciones con dinero, tecnología y conexiones internacionales. No podemos enfrentarlas solo con nuestras fuerzas locales”, añadió.
El giro del discurso oficial
El reconocimiento tiene peso político. Durante más de una década, Bolivia defendió una política antidrogas basada en el control comunitario de los cultivos de coca y en la expulsión, en 2008, de la DEA estadounidense, bajo el argumento de que su presencia violaba la soberanía nacional.
Ahora, el Gobierno de Luis Arce se enfrenta a una paradoja: el avance de los cárteles obliga a reabrir el debate sobre la cooperación internacional, pero cualquier acercamiento a agencias extranjeras debe navegar el delicado equilibrio entre la ayuda y la independencia.
“Cooperación, sí; dependencia, no”, insistió Justiniano, quien incluso dejó abierta la puerta a una eventual colaboración con la DEA, siempre que se respeten los marcos de soberanía. “La ayuda debe ser bienvenida en todas sus formas —material, económica e incluso de inteligencia—, pero siempre con la frente en alto”, subrayó.
El viceministro adelantó que el Gobierno está gestionando un acercamiento con Paraguay, un país clave en la ruta de la cocaína boliviana hacia los puertos del Atlántico. “Nuestra señal es clara: debemos trabajar con todas las Policías, especialmente las fronterizas. El primer acercamiento será con Paraguay, probablemente este fin de semana”, dijo.
Una amenaza que trasciende fronteras
Las declaraciones del funcionario se producen en un contexto regional marcado por el fortalecimiento de las organizaciones criminales transnacionales. En Brasil, el PCC controla buena parte del tráfico de cocaína que sale de Bolivia; en Paraguay, el corredor del río Paraguay se ha convertido en una vía fluvial privilegiada para las exportaciones ilegales hacia Europa; y en Perú, la producción de hoja de coca alcanza cifras récord.
Bolivia —que históricamente ha mantenido un discurso soberanista y un modelo propio de control social de la coca— se ve ahora forzada a admitir que el fenómeno ha superado los márgenes nacionales. Las incautaciones récord de cocaína, los laboratorios desmantelados en Santa Cruz y las conexiones financieras descubiertas en los últimos meses apuntan a una presencia consolidada de redes internacionales que operan con niveles de sofisticación inéditos.
Fuentes policiales señalan que los grupos locales han adoptado métodos propios del crimen organizado global: lavado de dinero mediante empresas agrícolas y exportadoras ficticias, uso de aeronaves pequeñas en pistas clandestinas del oriente boliviano y sistemas de comunicación cifrados para eludir la intercepción.
El dilema boliviano
La confesión de Justiniano, más allá del impacto mediático, revela un dilema estructural: Bolivia necesita cooperación internacional para contener un fenómeno que la desborda, pero sin repetir las tensiones diplomáticas del pasado.
En 2023, la ONU alertó que el país se había convertido en el tercer productor de hoja de coca de Sudamérica, y que el tráfico de cocaína boliviana crecía hacia nuevos mercados en África occidental y Europa del Este.
Para los analistas, el desafío no es solo policial, sino político. “Bolivia está en un punto de inflexión. Si no redefine su estrategia con aliados regionales y globales, el país puede quedar atrapado entre el discurso soberanista y la realidad de los cárteles”, explica un experto en seguridad consultado en La Paz.
Una advertencia al continente
El llamado de Justiniano, más que una admisión, es una advertencia, pues dijo que el narcotráfico ha cambiado de escala y de rostro. Ya no se trata de campesinos cocaleros ni de rutas improvisadas, sino de un entramado continental con financiamiento multimillonario y redes logísticas transnacionales.
“El narcotráfico no tiene fronteras”, dijo el viceministro. Su frase, repetida en titulares y debates televisivos, resume una constatación incómoda: Bolivia ya no lucha contra pequeños traficantes, sino contra un enemigo global. Y en esa guerra —como reconocen ahora las propias autoridades—, la soledad puede ser el mayor riesgo.
