LA PAZ, 13 oct (El Libre Observador) — Las filas de automóviles se extienden desde el amanecer en las calles de la troncal de Bolivia y otras ciudades. Conductores junto a sus coches esperan durante horas frente a surtidores cerrados o con carteles improvisados que advierten “No hay gasolina o diésel”. La imagen se repite en todo el país y se ha convertido en símbolo de un nuevo frente de crisis para el Gobierno de Luis Arce, que culpa directamente al Legislativo por la escasez de combustibles y dólares.
“Sí, no hay combustibles porque no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque no hay créditos. ¿Y quién aprueba los créditos? La Asamblea Legislativa”, dijo Arce este lunes, durante un acto público en Sucre.
El presidente apuntó así al corazón del conflicto político que paraliza al país: el bloqueo legislativo a la aprobación de préstamos internacionales que el Ejecutivo considera indispensables para garantizar el flujo de divisas y el abastecimiento energético.
Las causas de una crisis que ahoga al Gobierno
La falta de combustibles no se debe —según el propio Gobierno— a un colapso de producción o logística, sino a una escasez de dólares que ha dificultado el pago a proveedores internacionales de gasolina y diésel.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reconoció que el suministro cayó entre un 20 y 30%, lo que obligó a racionar el envío de carburantes a las estaciones de servicio.
El detonante, según el Ejecutivo, ha sido el bloqueo político en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde más de 1.600 millones de dólares en créditos externos permanecen estancados por falta de consenso entre las fuerzas políticas. De acuerdo con el Ministerio de Economía, esos fondos podrían aliviar la presión sobre las reservas internacionales —en su nivel más bajo en casi dos décadas— y garantizar las importaciones de combustible.
“La escasez de combustible tiene que ver con la falta de dólares, no de bolivianos”, insistió la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en declaraciones a la prensa. “Lamentablemente, algunos legisladores han cortado uno de los principales flujos de divisas al país”.
Las filas y la frustración ciudadana
Desde la semana pasada, las ciudades bolivianas viven escenas que se repiten desde hace dos años con soluciones temporales. En los surtidores, los conductores pasan la noche dentro de sus vehículos a la espera de abastecerse de carburantes.
“Dormí tres noches en mi coche y solo conseguí veinte litros”, cuenta Marcelino Copari, conductor del transporte público en Cochabamba. “Dicen que no hay dólares, pero el que sufre es el que trabaja”.
La tensión se amplifica en redes sociales, donde los videos y fotos de estaciones cerradas y colas kilométricas se viralizan con mensajes de frustración. La situación afecta al transporte urbano, a los productores agrícolas y a los pequeños empresarios que dependen del combustible para mover mercancías.
Economía bajo presión y pugna institucional
El trasfondo de la crisis revela una fragilidad estructural en la economía boliviana, que depende de la importación de combustibles y de la disponibilidad de divisas. Pese a que el Gobierno mantiene un tipo de cambio fijo desde hace más de una década, las reservas del Banco Central se han reducido drásticamente, y el acceso a dólares se ha vuelto cada vez más difícil.
Arce, que encara el final de su mandato con un país dividido entre distintas facciones del oficialismo y una oposición que busca reposicionarse de cara a 2025, denuncia una estrategia de “asfixia económica” desde el Legislativo. Los bloques disidentes, en cambio, acusan al Ejecutivo de una mala gestión económica y de haber dilapidado las reservas durante años de bonanza.
“El modelo de redistribución depende de un flujo constante de divisas, y ese flujo se ha debilitado”, explica el economista Roberto Gutiérrez. “La pugna política solo agrava una situación que ya era insostenible. Mucha gente está conteniendo su molestia por el próximo balotaje y la posesión de un nuevo gobierno”.
Un pulso político en la recta final del mandato
El conflicto por los créditos y el combustible se produce a pocas semanas del cierre del periodo constitucional de Arce, cuyo mandato culmina el 8 de noviembre, en vísperas de la segunda vuelta electoral presidencial más incierta de la historia democrática del país.
El propio presidente, que busca dejar una impresión subjetiva de estabilidad económica, enfrenta una presión creciente: la de garantizar el suministro básico en un país que alguna vez presumió de autosuficiencia energética.
Mientras tanto, los surtidores siguen vacíos y las filas crecen cada día. Entre la frustración y el desgaste político, Bolivia parece atrapada entre la escasez de divisas y una confrontación institucional que amenaza con prolongar la crisis más allá del mandato de Arce.
