LA PAZ, 12 jun (El Libre Observador) — Los hornos comenzaron a enfriarse lentamente en Sucre, una señal poco habitual en una de las industrias más importantes de Bolivia. Mientras las carreteras del país continúan interrumpidas por decenas de puntos de bloqueo y la crisis social entra en su día 43, la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) tomó una decisión que ilustra hasta dónde ha llegado el impacto económico del conflicto: apagar parte de sus operaciones, enviar a trabajadores a vacaciones colectivas y acudir a la justicia contra quienes considera responsables de las pérdidas.
La imagen es simbólica. Una planta acostumbrada a funcionar de manera ininterrumpida comenzó a detener maquinaria, reducir consumo energético y reorganizar sus actividades para sobrevivir a un escenario que combina bloqueos de carreteras, escasez de combustible y una creciente incertidumbre económica.
La empresa calcula que las pérdidas acumuladas superan ya los 70 millones de bolivianos. No se trata únicamente de cemento que no llega a los mercados. También son camiones inmovilizados, contratos demorados, obras ralentizadas y una cadena productiva que empieza a resentirse a medida que se prolonga el conflicto.
“El problema ya no es solamente vender”, explican desde la administración de la compañía. Los cortes de rutas impiden el ingreso de insumos esenciales para la producción y dificultan la salida del cemento hacia diferentes regiones del país. A ello se suma la falta de diésel, que obligó a paralizar la cantera de donde se extrae parte de la materia prima necesaria para mantener operativa la fábrica.
La medida más visible ha sido el envío de más de un centenar de trabajadores a vacaciones colectivas. Aunque la decisión fue presentada como temporal, refleja las dificultades de una empresa que enfrenta una acumulación inusual de inventarios. Fancesa informó que mantiene almacenadas alrededor de 80.000 toneladas de clínker, el producto base para la fabricación de cemento, una cifra que ha llevado a suspender temporalmente el funcionamiento de los hornos.
Apagar un horno industrial no es una decisión menor. Implica costos técnicos, planificación y ajustes operativos. Sin embargo, la empresa sostiene que mantenerlos encendidos sin capacidad de comercialización significaría pérdidas aún mayores en electricidad, gas y mantenimiento.
Pero la respuesta de la cementera no se limita al ámbito industrial. Paralelamente, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra dirigentes nacionales y departamentales vinculados a las movilizaciones. La acción judicial apunta a presuntos delitos relacionados con la obstaculización al trabajo y la restricción de la libre circulación.
La ofensiva legal marca un nuevo capítulo en un conflicto que ha dejado de ser únicamente político para convertirse en una disputa con profundas consecuencias económicas. Las pérdidas ya no afectan solo a grandes empresas. Comerciantes, transportistas, pequeños talleres y emprendimientos familiares reportan dificultades para abastecerse, cumplir contratos o mantener abiertas sus operaciones.
En Bolivia, donde buena parte de la actividad económica depende del transporte terrestre, cada carretera bloqueada representa una interrupción en el flujo de mercancías, combustibles y alimentos. El efecto se multiplica a medida que pasan los días.
Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este viernes permanecían activos 92 puntos de bloqueo en todo el país. Cochabamba concentraba la mayor cantidad de cortes, con 30, seguida de La Paz con 22. La magnitud del cierre vial evidencia la dimensión de una crisis que ha comenzado a extenderse más allá de las demandas originales de los manifestantes.
Fancesa ocupa un lugar particular dentro de la economía boliviana. La empresa pertenece íntegramente a instituciones públicas de Chuquisaca: la Gobernación, la Alcaldía de Sucre y la Universidad San Francisco Xavier. Por ello, los efectos de su paralización trascienden los balances corporativos y terminan impactando en ingresos públicos, proyectos regionales y recursos destinados a distintos sectores.
Mientras los hornos se enfrían en Sucre y los camiones permanecen detenidos en las carreteras, la crisis social sigue cobrando una factura creciente. Lo que comenzó como una protesta política se ha convertido en una amenaza para la producción, el empleo y la actividad económica de un país que enfrenta una de las etapas más prolongadas de conflictividad de los últimos años.
Por ahora, los hornos apagados de Fancesa son más que una decisión empresarial. Son el reflejo tangible de una economía que empieza a resentir el peso de más de seis semanas de bloqueo e incertidumbre.
