LA PAZ, 6 abr (El Libre Observador) — En un país donde el dólar se ha vuelto un bien escaso y codiciado, cada decisión económica adquiere el peso de una señal política. Este lunes, el Gobierno de Bolivia anunció la habilitación irrestricta del uso de tarjetas de crédito para pagos en el exterior, una medida que busca devolver cierta normalidad a la vida cotidiana de miles de ciudadanos, pero que también revela la tensión de fondo: la necesidad urgente de divisas.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, desde la Casa Grande del Pueblo, el corazón operativo del poder en La Paz. Con tono técnico, pero consciente del impacto social, el ministro explicó que las tarjetas de crédito podrán utilizarse sin restricciones para servicios digitales, compras internacionales y pagos en el extranjero, siempre dentro de la capacidad de pago de cada usuario.
Las tarjetas de débito, en cambio, tendrán un piso de 500 dólares mensuales, ampliable según la disponibilidad de cada entidad financiera.
La medida llega en un momento delicado. Las reservas internacionales del país han caído hasta los 2.881 millones de dólares y, de ese total, apenas un 5,9% corresponde a divisas estadounidenses. En las calles, esa cifra se traduce en dificultades para acceder a moneda extranjera, en sobreprecios informales y en una creciente incertidumbre económica.
Pero el Gobierno insiste en que la apertura no es una concesión al mercado, sino una estrategia para recuperar el flujo de dólares. “La liberación del uso de tarjetas implica también la posibilidad de empezar a normalizar la llegada de divisas al país a través del sistema financiero”, afirmó Espinoza. El diagnóstico oficial es claro: Bolivia no solo enfrenta escasez, sino también una fuga silenciosa de dólares fuera del sistema bancario.
Durante años, una de las principales fuentes de divisas fueron las remesas enviadas por bolivianos en el exterior. Entre 1.400 y 1.500 millones de dólares anuales ingresaban por canales formales. Hoy, una parte significativa de esos recursos ha migrado hacia circuitos paralelos con transferencias informales, envíos en efectivo e incluso criptomonedas. Un fenómeno que, en palabras del ministro, responde al “desorden” de la gestión pasada y que el Ejecutivo actual busca revertir.
La apuesta es, en esencia, reinsertar a Bolivia en el circuito financiero global. Permitir que las tarjetas funcionen sin restricciones no solo facilita el consumo, sino que también envía una señal a los migrantes: el sistema financiero vuelve a ser una vía viable para enviar dinero al país, bajo un tipo de cambio referencial definido por el Banco Central.
Sin embargo, la medida no está exenta de riesgos. La liberalización podría acelerar la salida de divisas en el corto plazo, en un contexto donde cada dólar cuenta. El Gobierno, por su parte, confía en que el efecto neto será positivo: más dólares ingresando por vías formales que los que salen por consumo.
En la práctica, se prevé que el impacto será inmediato. Más de 8 millones de tarjetas emitidas y unos 2,7 millones de usuarios podrán retomar pagos internacionales sin las restricciones que, en los últimos meses, habían alterado desde compras digitales hasta tratamientos médicos en el exterior.
