LA PAZ, 9 jul (El Libre Observador) — El Gobierno boliviano ha decidido comprar tiempo. En medio de una de las mayores tensiones económicas de las últimas décadas, marcada por la caída de la producción de gas, la escasez de divisas y el elevado costo de importar combustibles, el Ejecutivo congeló este jueves por otros doce meses los precios de la gasolina y el diésel. Pero la medida es solo una pausa porque una vez concluido ese periodo, el país comenzará a calcular el valor de los carburantes con una fórmula ligada al precio internacional del petróleo y a la cotización del dólar.
El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que la medida legal amplía por seis meses el congelamiento de los precios de la gasolina, diésel, GLP, GNV y otros derivados del petróleo, es decir hasta enero de 2026. Argumentó que se busca evitar que las fluctuaciones del dólar afecten el costo de los carburantes.
El cambio quedó plasmado en el Decreto Supremo 5652, publicado este jueves. Sobre el papel, la norma mantiene sin variaciones el precio de la gasolina especial, fijado en 6,96 bolivianos por litro, y el del diésel, en 9,80 bolivianos. Sin embargo, detrás de esa estabilidad inmediata aparece un cambio estructural que redefine la política de subsidios aplicada durante años.
Por primera vez, el Gobierno incorpora en la legislación una metodología para que el precio interno de los combustibles evolucione de acuerdo con variables internacionales. La fórmula tomará como referencia el costo de compra del combustible en dólares, el tipo de cambio promedio del último mes y un «factor de ajuste» diseñado para amortiguar las fluctuaciones más bruscas.
Ese mecanismo deja entrever una transición hacia un sistema de precios más flexible, aunque sin un abandono total del apoyo estatal. El decreto establece que el denominado factor de ajuste se calculará dividiendo el valor de 10,4003 entre el tipo de cambio promedio mensual. En la práctica, mientras la cotización oficial del dólar permanezca por encima de ese umbral, el Estado seguirá absorbiendo una parte del costo mediante subsidios.
La decisión refleja el delicado equilibrio que intenta mantener el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Por un lado, necesita contener el creciente costo fiscal de importar combustibles en un país cuya producción de hidrocarburos ya no cubre la demanda interna. Por otro, busca evitar un incremento inmediato de los precios que podría trasladarse al transporte, los alimentos y, en consecuencia, a la inflación.
La medida también confirma que Bolivia se aleja progresivamente del modelo construido durante los años de abundancia gasífera. Durante más de una década, el país sostuvo un sistema de combustibles ampliamente subvencionados apoyado en los ingresos extraordinarios de las exportaciones de gas natural. Ese escenario cambió con la declinación de los principales yacimientos y la reducción de las ventas a Brasil y Argentina, obligando al Estado a destinar cada vez más recursos para importar gasolina y diésel.
El decreto incorpora además una señal de respaldo financiero a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Autoriza al Ministerio de Economía a asignarle hasta 1.000 millones de dólares para cubrir la diferencia entre los costos de importación y el precio de paridad internacional, además de habilitar nuevas transferencias si la situación del mercado lo requiere.
La decisión llega apenas unas horas después de que el Ejecutivo anunciara una reforma integral del sector energético y el inicio de conversaciones con Petrobras para ampliar su presencia en Bolivia y colaborar en la reestructuración de YPFB. Las tres medidas forman parte de una misma estrategia: rediseñar el modelo energético boliviano para enfrentar una etapa en la que el país ya no cuenta con el margen fiscal que le proporcionó el auge del gas.
