LA PAZ, 25 feb (El Libre Observador) — En los establos de Santa Cruz, Cochabamba y otras regiones bolivianas el silencio empieza antes del amanecer. Donde hace cinco años se ordeñaban 35.000 vacas cada día, hoy apenas llegan a 22.000. No es una cifra abstracta, pues son corrales vacíos, galpones cerrados y familias que dejaron la actividad. Para los productores, la explicación tiene nombre y fecha y la atribuyen a la franja de precios instaurada en 2012.
El sector lechero boliviano exigió esta semana al Gobierno que levante el sistema de regulación que fija valores mínimos y máximos tanto para la leche cruda como para la leche blanca al consumidor. Argumentan que la medida, concebida para proteger el bolsillo de los ciudadanos, terminó erosionando la rentabilidad de quienes sostienen la cadena productiva.
“Estamos produciendo lo mismo que hace 14 años”, afirma Juan Manuel Rojas, presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) de Santa Cruz. Según sus datos, la producción departamental cayó un 28% en los últimos cinco años, lo que equivale a 351 millones de litros menos y a una reducción del 25% en el número de productores activos.
En la Cámara Agropecuaria del Oriente, el diagnóstico es similar. Su presidente, Klaus Frerking, sostiene que la combinación de precios regulados y aumento de costos ha comprimido los márgenes hasta hacerlos inviables. “No podemos continuar presos a una franja de precios”, advierte.
La historia se repite en Cochabamba, otro polo lácteo clave. Allí, el número de productores ha caído por debajo de los 3.000, tras la salida de al menos 2.000 lecheros en los últimos años, según dirigentes del sector. El encarecimiento de insumos como la cascarilla de soya y el impacto de la eliminación de subsidios a los carburantes han elevado los costos en un contexto ya presionado.
El 2 de mayo de 2025 el Gobierno fijó el precio máximo de la leche en 6,80 bolivianos (alrededor de un dólar) para el envase de 900 mililitros, un incremento del 13%. Pero la industria sostiene que el precio pagado al productor subió cerca de un 40% en el mismo periodo, creando una brecha que desestabiliza la cadena.
La empresa PIL Bolivia ha advertido que la regulación asimétrica genera un “desequilibrio estructural”. Su gerente Legal e Institucional, Javier Basta, recuerda que el precio al consumidor permaneció congelado durante más de una década, pese al aumento sostenido de costos operativos y al impacto del contrabando.
En el fondo, el debate enfrenta dos prioridades: la protección del consumidor en un país con poder adquisitivo frágil y la supervivencia de un sector estratégico para la seguridad alimentaria. Los productores reclaman señales de mercado que reflejen los costos reales. El Estado defiende la regulación como escudo frente a la inflación.
Entre ambos discursos, las cifras revelan un retroceso difícil de ignorar. Menos vacas ordeñadas, menos litros producidos y más productores que abandonan la actividad. Si la tendencia continúa, advierten, la leche podría convertirse en un producto más dependiente de importaciones que de la producción local.
La franja de precios, pensada para estabilizar, se ha convertido en el epicentro de una crisis que amenaza con vaciar los establos y redefinir el mapa lácteo boliviano.
