LA PAZ, 25 feb (El Libre Observador) — A cien días de haber asumido el poder, el presidente Rodrigo Paz enfrenta cuestionamientos por la escasa producción legislativa de su gestión y el uso intensivo de decretos supremos como principal herramienta de gobierno.
Aunque el Centro de Gobierno (CenGob), instancia de coordinación del Ejecutivo, difundió un informe estadístico para refutar la “narrativa crítica” que acusa al mandatario de gobernar por decreto. Según los datos oficiales, en los primeros 100 días la actual administración aprobó 60 decretos, una cifra inferior a la registrada por los últimos ocho gobiernos en el mismo periodo.
De acuerdo con la comparación histórica basada en la Gaceta Oficial del Estado, el expresidente Hugo Banzer promulgó 89 decretos en sus primeros 100 días; Jorge Quiroga, 111; Gonzalo Sánchez de Lozada, 89; Carlos Mesa, 113; Eduardo Rodríguez, 99; Evo Morales, 103; Jeanine Áñez, 81; y Luis Arce, 75.
Sin embargo, el contraste se agudiza en el terreno legislativo. En ese mismo lapso, Paz no superó la promulgación de cinco leyes, pero ninguna de iniciativa propia, mientras que un total de 19 normas fueron publicadas en la Gaceta, muchas de ellas vinculadas a créditos externos o disposiciones administrativas impulsadas por el anterior Ejecutivo.
Entre las leyes promulgadas figuran la de Régimen Excepcional para la Selección de Vocales del Tribunal Supremo Electoral y la de Creación de Geoparques y Geositios, ambas originadas en la Asamblea Legislativa. También se aprobaron créditos internacionales, incluido un contrato con la CAF por 550 millones de dólares destinado a fortalecer las Reservas Internacionales Netas, cuya tramitación fue iniciada por el gobierno de Luis Arce.
El Ejecutivo defiende que el uso de decretos responde a la necesidad de imprimir rapidez a la gestión en un contexto de crisis económica y urgencias estructurales.
Entre las medidas más significativas figura el decreto del 17 de diciembre que eliminó parcialmente la subvención a los carburantes y alineó sus precios al mercado internacional, decisión que marcó un giro hacia un modelo económico más orientado al mercado y la inversión privada. La subvención representaba para el Estado un costo anual superior a los 3.000 millones de dólares.
No obstante, otras decisiones desataron controversia política. El decreto 5515 autoriza al presidente a gobernar desde el exterior, mientras que el 5552 transfirió 28 dependencias que dependían de la Vicepresidencia a cuatro ministerios, reduciendo las atribuciones del vicepresidente Edmand Lara.
Lara acusó a Paz de creerse “todopoderoso” y de intentar gobernar por decreto. En la misma línea, la Central Obrera Boliviana denunció que el Gobierno busca “forzar el marco constitucional” y acomodar las instituciones a la conveniencia del poder.
El debate trasciende la aritmética normativa. Para el oficialismo, la cifra de 60 decretos demuestra moderación frente a precedentes históricos. Para la oposición y sectores sindicales, el problema no es el número, sino el alcance político de las decisiones adoptadas sin consenso parlamentario.
A más de tres meses de iniciado el mandato, el balance deja una señal clara de que la gobernabilidad de Paz se apoya más en el poder reglamentario que en la construcción legislativa. El desafío será convertir esa agilidad ejecutiva en estabilidad política en un escenario marcado por tensiones institucionales y económicas.
