LA PAZ, 2 jul (El Libre Observador) — En apenas seis meses, Bolivia ha acumulado una inflación del 15,53 %, una cifra que no solo duplica las previsiones oficiales para este 2025, sino que confirma el deterioro acelerado de la economía boliviana en un año marcado por tensiones políticas, bloqueos sociales y un creciente desgaste institucional.
El dato, anunciado por el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE), convierte al primer semestre de 2025 en uno de los más inflacionarios de las últimas décadas. Solo en junio, los precios al consumidor subieron un 5,21 superando ampliamente el 2,61 por ciento registrado en febrero de 2008 y el 3,65 por ciento de mayo de este año, los niveles más elevados desde principios de siglo.
“El 100 % de esta inflación es consecuencia directa de los bloqueos políticos de caminos”, afirmó el director del INE, Humberto Arandia, en conferencia de prensa. Su declaración alude a las protestas organizadas por el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), liderada por el expresidente Evo Morales, que paralizaron durante dos semanas rutas estratégicas para el comercio interno y el abastecimiento de alimentos.
Las movilizaciones surgieron como respuesta a la exclusión de Morales de las elecciones generales del 17 de agosto y a la crisis interna del partido oficialista, dividido entre el evismo y el sector moderado vinculado al actual presidente, Luis Arce. La ruptura ha provocado no solo inestabilidad política, sino también una parálisis legislativa y una escalada de conflictos sociales que empiezan a traducirse en distorsiones económicas.
La inflación ha golpeado especialmente el precio de productos básicos como la carne, el pollo, los lácteos y los combustibles, cuya distribución fue interrumpida por los bloqueos. Aunque algunos precios comenzaron a estabilizarse hacia finales de junio, la pérdida de confianza en la conducción económica se ha intensificado.
Bolivia atraviesa un momento delicado. El país ha visto caer sus reservas internacionales por debajo de los 1.500 millones de dólares, sufre una creciente presión sobre el tipo de cambio y ha reactivado las importaciones de combustibles en condiciones menos favorables. La economía boliviana, altamente dependiente del gas natural y con escasa diversificación productiva, ha comenzado a mostrar síntomas de agotamiento estructural.
La inflación acumulada hasta junio ya ha superado con holgura la meta oficial de 7,5 % establecida por el Ministerio de Economía en el Presupuesto General del Estado. Sin embargo, las autoridades se niegan a actualizar sus previsiones para fin de año, a la espera de un posible descenso en los próximos meses, siempre que cesen los conflictos sociales.
“No podemos hacer estimaciones mientras no haya estabilidad política”, señaló Arandia, quien también restó valor al dato de inflación interanual —que asciende al 24 %— al considerarlo distorsionado por eventos coyunturales.
Los analistas advierten que el problema no es solo coyuntural, sino sistémico. A la fragilidad macroeconómica se suma la debilidad del aparato productivo, una política cambiaria rígida y un creciente déficit fiscal. Además, Bolivia no cuenta con instrumentos sólidos de control inflacionario ni con margen suficiente para medidas de estímulo.
En un país donde el modelo económico del “Estado Plurinacional” impulsado por Morales durante más de una década gozó de legitimidad por su capacidad redistributiva y control de precios, el retorno de una inflación de dos dígitos representa un golpe simbólico y político de alto impacto. De cara a las elecciones de agosto, el escenario es incierto.
La polarización, la falta de acuerdos dentro del oficialismo y la creciente presión social auguran semanas de alta tensión. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta el encarecimiento del costo de vida en un contexto de informalidad laboral creciente, deterioro del poder adquisitivo y creciente desconfianza en las instituciones.
