LA PAZ, 15 oct (El Libre Observador) — La Interpol ha emitido una alerta roja internacional contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, por un proceso de violencia familiar impulsado por el Ministerio Público.
La decisión fue confirmada por el director de Interpol Bolivia, el coronel Juan Carlos Bazoalto, quien explicó que la medida fue activada a solicitud de la Fiscalía, cumpliendo los protocolos internacionales.
“La notificación roja ya ha sido activada y comunicada a la autoridad solicitante”, declaró el jefe policial. La notificación convierte al joven en una persona buscada en 195 países, un hecho que desató conmoción política en el país andino.
El caso, que inicialmente parecía un asunto doméstico, ha escalado a una dimensión internacional y política. Marcelo Arce fue denunciado por su expareja, Mary Carmen C.B., por agresiones físicas que le provocaron 12 días de impedimento médico. Aunque la víctima desistió formalmente de la denuncia, la Fiscalía decidió continuar el proceso de oficio, al tratarse de un delito de violencia contra la mujer.
La fiscal Jessica Echeverría presentó una imputación formal y solicitó la detención preventiva de 180 días en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, una de las cárceles más grandes y conflictivas de Bolivia. “Como Ministerio Público estamos pidiendo a la juez que disponga la detención preventiva del imputado”, declaró la fiscal a medios locales.
El paradero de Arce Mosqueira es actualmente desconocido. Existen versiones no confirmadas de que habría abandonado el país, aunque ninguna autoridad lo ha corroborado. La orden de aprehensión nacional sigue vigente, y con la alerta roja de Interpol, el hijo del presidente podría ser detenido en cualquier territorio miembro de la organización.
El coronel Bazoalto subrayó que Interpol no actúa de oficio, sino por requerimiento expreso de la autoridad fiscal o judicial. El caso, dijo, se encuentra en manos del Ministerio Público, mientras la Policía boliviana mantiene activas las coordinaciones internacionales de búsqueda.
El asunto ha adquirido un fuerte tono político. Hasta el momento, Luis Arce Catacora no ha realizado declaraciones públicas sobre la situación judicial de su hijo, y el Gobierno boliviano ha optado por el silencio, apelando al principio de independencia de poderes. No obstante, la oposición ha pedido transparencia y responsabilidad institucional, mientras sectores afines al oficialismo denuncian una “persecución mediática” destinada a dañar la imagen presidencial.
En Bolivia, los casos de violencia de género son una preocupación persistente. Pese a las leyes más duras de la región, el país registra cada año cientos de denuncias por violencia intrafamiliar y decenas de feminicidios. La acusación contra el hijo del presidente reaviva el debate sobre el alcance real de la justicia y la igualdad ante la ley.
El proceso judicial continúa su curso. Si se confirma que Marcelo Arce se encuentra fuera del país, Bolivia podría solicitar su extradición, un trámite que dependerá de los acuerdos bilaterales vigentes. Por ahora, su nombre figura en los sistemas de Interpol junto al de miles de prófugos de la justicia, y su búsqueda se extiende más allá de las fronteras nacionales.
El caso se ha convertido en una prueba incómoda para el Gobierno de Arce, que ha hecho de la lucha contra la violencia hacia la mujer y la transparencia judicial dos de sus banderas políticas. Mientras tanto, la figura del presidente enfrenta una tormenta mediática que amenaza con impactar en el plano político y personal, a solo meses de un nuevo ciclo electoral en Bolivia
