LA PAZ, 5 ago (El Libre Observador) — Durante meses, las filas de vehículos frente a las estaciones de servicio se convirtieron en una de las imágenes más persistentes de la crisis boliviana. Camiones detenidos, transportistas esperando durante horas y productores reclamando por combustible dibujaron el paisaje de un país donde conseguir diésel o gasolina dejó de ser un trámite cotidiano para convertirse en un problema económico y político. Ahora el Gobierno de Rodrigo Paz mira hacia el interior de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que administra buena parte de ese sistema.
El Ejecutivo ha intervenido la petrolera estatal y ha anunciado una investigación sobre presuntos hechos de corrupción vinculados con la comercialización de combustibles. La decisión llega después de operativos policiales y militares y de una revisión preliminar que, según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, encontró “serias fallas” en YPFB y en otras entidades del sector.
El ministro de Hidrocarburos Marcelo Blanco ha puesto nombre al enemigo que, a juicio del Gobierno, se encuentra detrás de parte de las dificultades de abastecimiento: la corrupción. “La corrupción está enquistada desde hace más de 20 años y no la vamos a tolerar”, afirmó.
La acusación es grave y todavía deberá ser probada mediante investigaciones formales. Pero el mensaje político es inequívoco: el Gobierno quiere convertir la crisis de los combustibles en una operación de limpieza dentro del aparato estatal.
Blanco sostiene que existen desvíos y contrabando hacia países vecinos y que algunas irregularidades internas habrían contribuido a las dificultades para abastecer el mercado nacional. El Ejecutivo ha anunciado sanciones administrativas y, cuando corresponda, denuncias ante la Fiscalía.
La intervención de YPFB no se limita, sin embargo, a buscar culpables. El Gobierno pretende revisar la estructura de la empresa y ha anunciado una licitación para contratar compañías internacionales que acompañen la reestructuración de la petrolera y de otras empresas estatales del sector hidrocarburos.
La operación abre una pregunta mayor: cuánto de la crisis de combustibles puede explicarse por presuntas redes de corrupción y cuánto responde a los problemas económicos y financieros que arrastra Bolivia.
Porque el combustible no desaparece únicamente de los surtidores. Su escasez atraviesa toda la economía. Sin diésel se paraliza parte del transporte, se encarece el traslado de alimentos y aumenta el costo de producir y distribuir mercancías. Para un país cuya actividad productiva depende de largas rutas terrestres, la falta de carburantes se convierte rápidamente en una crisis que salta de las estaciones de servicio a los mercados.
YPFB será ahora examinada desde dentro. Su presidente, Sebastián Daroca, anunció la creación de un equipo multidisciplinario que dependerá directamente de la Presidencia Ejecutiva y que revisará procesos operativos, facturación, comercialización, sistemas y procedimientos internos.
La investigación tendrá también una puerta hacia afuera. La empresa habilitará una plataforma digital para que ciudadanos, productores y consumidores puedan presentar denuncias de forma segura. El Gobierno pretende así ampliar la información disponible y construir expedientes que, si las pruebas lo justifican, puedan terminar ante los tribunales.
Las primeras denuncias conocidas apuntan a posibles cobros ilegales vinculados con volúmenes de despacho, autorizaciones para licencias de estaciones de servicio y supuestos favorecimientos a determinados operadores. El viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García Delfín, aseguró además que existen reportes sobre unidades de transparencia que ni siquiera habrían registrado algunas denuncias recibidas.
El Gobierno ha anunciado investigaciones patrimoniales y financieras sobre las personas señaladas, aunque ha decidido no revelar sus nombres mientras no existan denuncias formalizadas ante la Fiscalía. Es una cautela necesaria en una investigación que apenas comienza y en la que las acusaciones todavía no equivalen a responsabilidades probadas.
La batalla, en cualquier caso, va más allá de YPFB. La petrolera es una de las empresas estratégicas del Estado boliviano y durante años ha ocupado un lugar central en la economía nacional. Revisar sus sistemas de comercialización significa revisar también una parte esencial de la relación entre el Estado, los combustibles y los sectores productivos.
En Santa Cruz, YPFB ya coordina con productores para intentar hacer más eficientes y transparentes las asignaciones de carburantes. La medida busca atender una emergencia concreta, pero también demostrar que el Gobierno puede modificar los mecanismos que han alimentado las sospechas.
La administración de Paz ha prometido actuar “con todo el rigor de la ley”. Ahora tendrá que convertir esa promesa en resultados que es identificar qué ocurrió, determinar quiénes fueron responsables y explicar cuánto influyeron esas prácticas en la crisis de abastecimiento.
La intervención de YPFB es, en ese sentido, apenas el comienzo. La verdadera prueba será si la investigación consigue llegar hasta el fondo sin convertirse en una disputa política y si la reestructuración logra devolver transparencia y previsibilidad a una cadena de combustibles que durante meses ha mantenido en vilo a transportistas, productores y consumidores.
En Bolivia, las filas frente a los surtidores han sido el síntoma visible. El Gobierno acaba de anunciar que buscará la enfermedad dentro de la petrolera estatal. Ahora deberá demostrar que sabe encontrarla y, sobre todo, que puede corregirla.
Esta versión pone el acento en la tensión entre la crisis visible en las calles y la investigación interna de YPFB, un enfoque más narrativo y de lectura internacional que una nota meramente institucional.
