LA PAZ, 28 abr (El Libre Observador) – Hace apenas unos meses, la economía boliviana parecía atrapada en una tormenta perfecta entre inflación en ascenso, escasez de combustibles, múltiples tipos de cambio y reservas internacionales al límite. Hoy, según el Gobierno, ha comenzado a enderezar el rumbo. La pregunta que sobrevuela el país es si ese giro es sostenible o apenas un respiro temporal.
En un balance presentado este martes, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, defendió los primeros resultados de la gestión como un punto de inflexión. Según sus cifras, Bolivia ha logrado reducir el déficit fiscal, contener la inflación y recuperar parcialmente la confianza en el sistema financiero en poco más de seis meses.
“El ajuste ya está mostrando resultados”, vino a decir la autoridad, al destacar que el déficit, que superaba el 12% del Producto Interno Bruto, podría reducirse hasta el 9% este año. Un recorte significativo en un país donde el gasto público ha sido, durante años, uno de los principales motores de la economía.
El relato oficial se apoya en varios indicadores. El primero es la inflación, que habría descendido desde niveles cercanos al 20% hasta alrededor del 15%, una desaceleración que el Gobierno atribuye tanto a la menor emisión monetaria como a una mayor disciplina fiscal. El segundo es el tipo de cambio, que tras dispararse por encima de los 11 bolivianos por dólar, se ha replegado hacia una franja cercana a los 9,60, en lo que las autoridades describen como una “normalización” del mercado.
Pero es quizá el dato fiscal el que el Ejecutivo exhibe con mayor énfasis: un superávit de más de 2.100 millones de bolivianos en el primer trimestre, logrado, según el ministro, sin recurrir a aumentos de impuestos. Para un país acostumbrado a déficits persistentes, el resultado se presenta como una anomalía positiva, aunque algunos economistas advierten que su sostenibilidad dependerá de factores aún inciertos.
En paralelo, el Gobierno destaca un superávit comercial superior a los 800 millones de dólares y un crecimiento de los depósitos bancarios de alrededor del 7,5%, señales que interpreta como un retorno gradual de la confianza. También menciona la devolución progresiva de dólares a pequeños ahorristas, un gesto que busca disipar los temores generados durante los momentos más agudos de la escasez de divisas.
Sin embargo, bajo la superficie de los datos, persisten tensiones estructurales. Las nuevas autoridades subnacionales, que asumirán en los próximos días, heredarán una estructura fiscal frágil, con ingresos inciertos y demandas sociales crecientes. En ese contexto, el Gobierno plantea una estrategia basada en pactos: con regiones, con contribuyentes y con la ciudadanía.
El plan incluye recortes en el gasto corriente, mayor inversión en salud y educación y medidas de alivio tributario. Pero también supone un delicado equilibrio político. El presupuesto deberá ser aprobado por una Asamblea Legislativa fragmentada, donde el oficialismo no tiene garantizada la mayoría.
La promesa central del Ejecutivo es ambiciosa: estabilizar la economía sin trasladar el costo del ajuste a la población. “Sin costo social”, insisten desde el Gobierno. La historia económica reciente de América Latina, sin embargo, sugiere que ese equilibrio rara vez es sencillo.
Bolivia entra así en una nueva fase. Tras meses marcados por la incertidumbre y la presión sobre sus principales indicadores, el país ensaya una salida que combina disciplina fiscal, señales de mercado y negociación política. Los próximos meses dirán si se trata de un cambio de tendencia o de una pausa en medio de una crisis más profunda.
