LA PAZ, 27 abr (El Libre Observador) — Bolivia enfrenta una nueva escalada de conflictividad social que pone a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno, en medio de tensiones económicas y demandas acumuladas. Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte que el país casi ha duplicado su promedio histórico de protestas, con una tendencia creciente que se intensificó en el primer trimestre de 2026.
De acuerdo con el reporte, se registraron 176 hechos de conflictividad entre enero y marzo, de los cuales 157 permanecen activos. La evolución mensual refleja una aceleración sostenida: 35 casos en enero, 44 en febrero y 78 en marzo. “Estamos casi duplicando el promedio histórico de 30 conflictos mensuales”, afirmó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
El aumento no solo es cuantitativo, sino también territorial. Aunque La Paz concentra la mayor cantidad de conflictos (47), seguida de Santa Cruz (28) y Cochabamba (19), el informe subraya una expansión hacia ciudades intermedias y zonas rurales, lo que amplía el alcance de las protestas.
Los bloqueos se consolidan como la principal medida de presión, con 60 registros, por delante de paros (23) y marchas (21). Según la Defensoría, estas acciones son el resultado de demandas que no han sido atendidas oportunamente, lo que eleva la intensidad de los conflictos.
Entre los factores detonantes, predominan las demandas económicas, especialmente las vinculadas a la calidad y provisión de combustibles, que concentraron 29 casos. Este tema ha evolucionado hacia conflictos de mayor densidad, con participación creciente de sectores sociales y una extensión geográfica más amplia.
El informe también introduce cuestionamientos a la gestión estatal de la conflictividad. “El Gobierno no está sabiendo gestionar los conflictos ni en su solución ni en sus tiempos”, señaló Callisaya, al advertir que problemas sectoriales están derivando en crisis más complejas y prolongadas.
La Defensoría del Pueblo intervino en el 75 % de los conflictos activos, equivalente a 119 casos, en un intento por facilitar soluciones y reducir tensiones. Sin embargo, el organismo considera que la respuesta institucional resulta insuficiente frente a la magnitud del fenómeno.
En este contexto, la entidad instó a la instalación inmediata de una mesa de diálogo con participación de actores políticos, empresariales y sociales, con el objetivo de consensuar una agenda común que permita contener la escalada.
