LIMA, Perú, 30 de marzo (El Libre Observador) — Las autoridades peruanas han dado un paso contundente este sábado al allanar tanto la vivienda de la presidenta Dina Boluarte como la sede del gobierno, en medio de una investigación relacionada con unos lujosos relojes Rolex que la mandataria presuntamente no habría declarado como parte de sus bienes.
Estos eventos han sacudido al país sudamericano en un episodio que ha llevado la atención nacional e internacional hacia las altas esferas del poder en Perú.
En una operación que comenzó en las primeras horas del día, agentes de la policía acompañados de fiscales ingresaron a la residencia de Boluarte en Lima para luego registrar el Palacio de Gobierno, buscando los relojes cuyo origen aún no ha sido esclarecido por la presidenta.
El coronel Harvey Colchado, al frente de la operación, brevemente se dirigió a los medios antes de iniciar el allanamiento en la sede presidencial, manteniendo la discreción sobre los resultados del primer registro.
El allanamiento fue autorizado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez supremo Juan Carlos Checkley, a petición del Fiscal de la Nación.
Estas acciones han desencadenado reacciones encontradas en el ámbito político, con el primer ministro Gustavo Adrianzén condenando enérgicamente lo que considera un «intolerable atropello a la dignidad de la Presidencia de la República y a la Nación que representa».
El escándalo en torno a los Rolex estalló después de un reportaje emitido por el programa periodístico «La Encerrona», donde se reveló que Boluarte había utilizado varios relojes de la marca de lujo en funciones oficiales desde su paso como vicepresidenta.
La mandataria, por su parte, ha defendido que estos relojes forman parte de su patrimonio adquirido con esfuerzo a lo largo de su vida laboral.
Sin embargo, las investigaciones sobre el origen de estos bienes han llevado a la fiscalía a cuestionar la declaración de patrimonio de Boluarte, abriendo el camino a posibles acusaciones por enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones en documentos públicos.
Estos hechos podrían eventualmente desembocar en un pedido de destitución desde el Congreso bajo el argumento de «incapacidad moral», aunque la viabilidad de este proceso dependerá de complejas alianzas políticas.
El caso de Boluarte ha generado una nueva ola de atención sobre la transparencia en el ejercicio del poder en Perú, sumándose a otras investigaciones que enfrenta la presidenta, como la relacionada con los eventos de movilización social del año anterior que dejaron varias víctimas.
La situación continúa evolucionando en Perú, manteniendo a la opinión pública y a los observadores internacionales en vilo ante el desenlace de esta trama que pone a prueba la integridad y el liderazgo de las altas esferas políticas del país.
