LA PAZ, 12 nov (El Libre Observador) – En una respuesta firme y directa, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) defendió este martes la reciente intervención de tres emisoras en Cochabamba, calificándolas como “ilegales” y justificando el decomiso de sus equipos como parte de una acción enmarcada en el cumplimiento de la normativa.
La acción de la ATT se produce en un contexto de fuertes acusaciones del sector “evismo”, que ha catalogado la intervención de estas emisoras como “dictatorial”.
La polémica inició con la denuncia del senador Leonardo Loza, quien acusó a la Policía y a la ATT de ejecutar operativos “de madrugada” en las emisoras, comparándolos con tácticas “delincuenciales” para acallar voces disidentes.
En respuesta, Néstor Ríos, director de la ATT, explicó que el procedimiento fue una medida necesaria contra la radiodifusión sin licencia, es decir, contra emisoras que operaban sin la autorización legal requerida y evadiendo el pago de impuestos.
Las radios intervenidas, identificadas como Guerrilleros de Independencia, Chiwalaki del municipio de Vacas y la Comunitaria de Aiquile, habían sido objeto de múltiples advertencias, según Ríos.
Estas intimaciones buscaban que las emisoras cesaran sus transmisiones ilegales, pero los intentos de la ATT habrían sido obstruidos en varias ocasiones. En particular, Ríos denunció que el personal de la ATT fue hostigado en la radio Guerrilleros de Independencia el 6 de septiembre, obligándolo incluso a firmar un acta para no volver a fiscalizar en el lugar.
Ríos también reveló que la emisora Comunitaria de Aiquile, perteneciente a la alcaldía, había sido notificada en enero para saldar deudas de licencias acumuladas durante más de siete años, situación que aún no había sido regularizada. Ante las críticas, el director de la ATT negó categóricamente cualquier intención de coartar la libertad de expresión, subrayando que el cumplimiento de la ley y la regulación de frecuencias son esenciales para un sistema de telecomunicaciones legal y organizado.
“En Bolivia, hemos realizado más de 150 secuestros de equipos ilegales y emitido más de 200 intimaciones en todo el país”, destacó Ríos, cuestionando por qué en esta ocasión la intervención de tres emisoras en Cochabamba generó tanto revuelo.
Asimismo, exhortó a las emisoras afectadas a aprovechar los programas del gobierno destinados a la radiodifusión comunitaria, que permitirían a las emisoras obtener las licencias requeridas.
Esta tensión marca un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación de los medios en Bolivia, donde sectores afines al “evismo” consideran la acción de la ATT como un intento de censura política. Por otro lado, la ATT sostiene que su única intención es mantener el orden en el uso de frecuencias y asegurar que todos los medios operen dentro de la legalidad.
La postura de ambas partes revela la profundidad de la polarización sobre el control de la información en Bolivia y plantea preguntas sobre el equilibrio entre la regulación y la libertad de expresión en un contexto de alta conflictividad política.
