LA PAZ, 22 nov (El Libre Observador) – En un accionar crucial dentro de la disputa interna del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), la Sala Constitucional de La Paz emitió este viernes un ultimátum al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que cumpla con el fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta resolución reconoce la directiva liderada por Grover García, elegida en el congreso «arcista» realizado en El Alto.
La resolución, conocida este 22 de noviembre, establece un plazo de tres días para que el TSE proceda al reconocimiento formal de García como presidente del partido.
Según el documento emitido por la Sala Constitucional, presidida por Alexis Ángel Angles Mercado, se busca dar cumplimiento inmediato a la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 776/2024.
El documento aclara que el TSE ha sido notificado desde el 14 de noviembre y señala que la Sala Constitucional es parte del TCP, por lo que su mandato es vinculante. Sin embargo, desde el órgano electoral persisten dudas sobre la oficialización de la notificación.
La decisión judicial intensifica las tensiones dentro del MAS-IPSP, partido oficialista que atraviesa una fractura interna entre las facciones lideradas por el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. El reconocimiento del congreso arcista podría redefinir la estructura política del partido, afectando su cohesión de cara a las elecciones generales de 2025.
Desde el TSE, el vocal Tahuichi Tahuichi expresó que la Sala Plena aún no ha sido notificada oficialmente del fallo, lo que ha generado incertidumbre en torno a los próximos pasos del órgano electoral.
“Estamos solicitando formalización para proceder conforme a derecho”, declaró Tahuichi, reiterando la necesidad de claridad legal en un tema de alto impacto político.
IMPLICACIONES ELECTORALES
El cumplimiento del fallo podría tener implicaciones profundas en el escenario político boliviano. Por un lado, reforzaría la autoridad del gobierno de Luis Arce al consolidar su liderazgo dentro del MAS. Por otro lado, plantearía desafíos para el TSE, cuya imparcialidad podría ser cuestionada en medio de la presión política y judicial.
En términos económicos, una posible desestabilización interna del MAS podría afectar la percepción de gobernabilidad en el país, lo que influiría en decisiones de inversión y confianza de mercados internacionales.
Con el plazo establecido para el miércoles, todas las miradas están puestas en la Sala Plena del TSE y su respuesta a la conminatoria. Este episodio, que mezcla tensiones políticas con mandatos judiciales, subraya la complejidad de un sistema político en constante reconfiguración.
El desenlace podría marcar un punto de inflexión no solo para el MAS, sino también para el sistema electoral y judicial de Bolivia, en un momento en que la estabilidad institucional es crucial para el desarrollo del país.
