CARACAS, VENEZUELA, 29 jul (El Libre Observador) — En un movimiento que ha sacudido las relaciones diplomáticas en América Latina, el gobierno de Venezuela anunció este lunes la expulsión de las representaciones diplomáticas de siete países que no reconocieron la reelección del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado domingo.
La decisión, que afecta a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, refleja la creciente tensión política y la polarización en la región.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado acusando a estos países de seguir «injerencistas acciones y declaraciones» influenciadas por Washington y de adherirse a «postulados ideológicos del fascismo internacional».
El gobierno de Maduro, que ha sido objeto de múltiples críticas y sanciones internacionales, sostiene que estos gobiernos han intentado desconocer los resultados electorales que otorgaron a Maduro una victoria para un nuevo período constitucional de 2025 a 2031.
«Los resultados electorales del 28 de julio de 2024 dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro Moros para un nuevo Periodo Constitucional 2025-2031», declaró el gobierno venezolano. En consecuencia, Caracas ha exigido la retirada «inmediata» de los representantes diplomáticos de los siete países que pusieron en duda del proceso electoral venezolano.
En su declaración, Venezuela se reservó «todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación».
La medida se presenta como una defensa de la soberanía nacional y una respuesta firme a lo que Caracas considera una interferencia extranjera injustificada en sus asuntos internos.
La reacción de los gobiernos expulsados no se hizo esperar. Los líderes de estos países han condenado la decisión, calificándola de un ataque a la diplomacia y un intento de silenciar las críticas legítimas sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral venezolano.
La comunidad internacional, incluidos actores clave como Estados Unidos y la Unión Europea, ha mostrado su preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela y ha llamado al diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.
El gobierno de Maduro ha defendido su postura afirmando que las expulsiones son necesarias para mantener el «clima de paz y la convivencia» en Venezuela. «Enfrentaremos todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia que tantos esfuerzos han demandado del pueblo venezolano», aseveró el comunicado.
Este episodio marca un nuevo capítulo en la crisis política venezolana y pone de manifiesto las profundas divisiones en la región respecto al apoyo o rechazo al régimen de Maduro. Mientras tanto, la situación interna en Venezuela sigue siendo crítica, con una población enfrentando una grave crisis política.
