LA PAZ, 8 feb (El Libre Observador) – En un giro estremecedor de los acontecimientos, el oscuro velo que envolvía la desaparición de María Lindaura Vega Jaldín, de 64 años, y su hija, Miranda Lucía Tejada Vega, de 22, se ha disipado con la macabra confesión de los autores intelectuales y materiales de este atroz crimen.
Gabriel Edmundo Montalvo Rodríguez, conocido como el inquilino que era poseedor de un inmueble de María Lindaura en calidad de anticrético, y el albañil Wilfredo Luis Santos Salazar, emergen como los responsables de arrebatar la vida de estas dos mujeres en un acto de violencia que ha sacudido a la ciudadanía.
La última vez que vieron a María Lindaura y a Miranda Lucía fue el 4 de febrero, a las 17.00 horas, aproximadamente.
Un familiar de las víctimas fue al domicilio de las mujeres, en la ciudad de La Paz, y descubrió que no se encontraban, sus teléfonos celulares estaban apagados, lo que llamó la atención y denunció ante la Policía este hecho.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en conferencia de prensa, reveló que Montalvo había planificado meticulosamente desde octubre de 2023 el asesinato de María Lindaura, propietaria del inmueble donde él habitaba como inquilino bajo el régimen de anticrético.
Los motivos de este despiadado crimen se entretejen con una disputa por el anticrético de la vivienda, valuado en 51.000 dólares desde 2014. Ante la negativa de María Lindaura de renovar el contrato de arrendamiento, Montalvo desató una escalada de violencia que culminó en el cruel estrangulamiento de madre e hija, perpetrado por el albañil Salazar, por el compromiso del pago de 3.500 dólares.
El desenlace fatal de esta tragedia se despliega en una narrativa escalofriante: los cuerpos de las víctimas fueron transportados hasta el municipio de Viacha, donde fueron sepultados en un terreno baldío.
José Luis Santos, hermano del albañil Wilfredo Salazar, se convirtió en cómplice del macabro crimen al participar en el traslado de los cuerpos y enterrarlos en un intento desesperado por ocultar la evidencia de su cruel delito.
El fatídico desenlace de este caso revela la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante la violencia de género y la desprotección ante situaciones de conflicto relacionadas con la tenencia de propiedades.
Los familiares, amigos y conocidos se vieron estremecidos por la pérdida de vidas inocentes y clama por justicia ante este acto de barbarie que ha dejado una profunda herida en el tejido social de La Paz.
