LA PAZ, 18 nov (El Libre Observador) — Bolivia abrió un frente inesperado en su política energética: el Gobierno estima que el 30% del combustible subvencionado —uno de los pilares del gasto estatal— se está filtrando hacia el contrabando. La alerta, emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), no solo revela la dimensión económica del problema, sino también la posible participación de funcionarios públicos en estas operaciones ilegales.
La directora de la ANH, Margot Ayala, confirmó que las anomalías surgieron del análisis del sistema B-SISA, la plataforma que rastrea el movimiento de carburantes en tiempo real. “Es lo que estamos viendo ahora, analizando”, señaló, al reconocer que los desvíos podrían haber sido facilitados desde dentro de YPFB, Sustancias Controladas y la propia agencia reguladora.
El hallazgo desencadenó una serie de operativos que este fin de semana dejaron al descubierto “mafias organizadas” en la planta de Senkata, una de las instalaciones estratégicas del país. La intervención resultó en un detenido y en la confiscación de una cisterna, un golpe inicial en un escándalo que amenaza con escalar.
El trasfondo es clave: Bolivia mantiene desde hace décadas una de las subvenciones a combustibles más altas de la región, equivalente a entre 4% y 8% del PIB, una carga que tensiona la frágil estructura fiscal. En un contexto de menor producción de gas y mayores presiones presupuestarias, la fuga del subsidio no solo golpea la economía, sino también la credibilidad del sistema.
El Gobierno se ha dado tres semanas para rediseñar los mecanismos de control y enfocar la ayuda en quienes más la necesitan. En paralelo, el ministro Mauricio Medinaceli trabaja en un plan social que amortigüe posibles ajustes mientras se revisa la estructura de precios y se redefine la estrategia de subvenciones.
La crisis expone un desafío mayor: cómo equilibrar un subsidio históricamente popular, pero cada vez más costoso y vulnerable a redes ilícitas que operan, incluso, desde dentro del aparato público.
Modificar un subsidio tan arraigado es un terreno políticamente sensible. Para mitigar el impacto, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció un plan social paralelo destinado a proteger a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.
La discusión, sin embargo, apenas comienza. Para muchos expertos, el escándalo del contrabando no solo revela fallas técnicas, sino también la urgencia de decidir si Bolivia puede seguir sosteniendo un subsidio tan grande en un entorno de menor producción energética y creciente presión fiscal.
