LA PAZ, 9 ene (El Libre Observador) — El Gobierno de Bolivia enfrió este viernes las versiones sobre un inminente retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos al país, al asegurar que no existe aún ningún acuerdo oficial que habilite su presencia, aunque reconoció la necesidad de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
El viceministro de Defensa y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó que cualquier reanudación formal de vínculos operativos con la DEA deberá pasar por un entendimiento explícito y transparente.
“Formalmente no hay un acuerdo todavía y hasta que no exista no podemos decir que estén oficialmente en el país”, sostuvo.
Justiniano subrayó que Bolivia requiere “toda la ayuda posible” tanto de Estados Unidos, de la Unión Europea y otros para enfrentar un fenómeno transnacional que supera las capacidades nacionales.
En ese marco, anticipó que el Ejecutivo espera concretar en los próximos meses nuevos apoyos logísticos, en particular para reforzar la movilidad terrestre y aérea en zonas de alta producción de droga.
El Trópico de Cochabamba volvió a situarse en el centro del debate. Según la autoridad, esta región concentra entre el 90 y 95 por ciento de la cocaína producida en el país, lo que la convierte en un foco prioritario de intervención estatal.
Justiniano se refirió así al sobrevuelo de un helicóptero registrado el jueves en la zona de Lauca Ñ en el Chapara de Cochabamba (centro), donde el expresidente Evo Morales (2006-2019) permanece atrincherado con el resguardo de sus bases cocaleras para evitar su aprehensión.
De acuerdo con el viceministro, la operación aérea tuvo un objetivo estrictamente operativo que fue de verificar “zonas rojas”, identificar y destruir pistas clandestinas, así como desmantelar y quemar fábricas ilegales detectadas en el área.
Insistió en que estas acciones forman parte de una estrategia interna de control y erradicación, independiente de cualquier eventual cooperación externa aún no formalizada.
Las declaraciones de Justiniano contrastaron con la postura expresada horas antes por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quien rechazó de forma tajante el eventual retorno de la DEA.
“Para mí la DEA no es la solución”, afirmó, al advertir que la agencia estadounidense no es “100 por ciento confiable” y arrastra antecedentes de corrupción, abusos y protección selectiva a redes del narcotráfico.
Lara planteó que antes de recurrir a organismos extranjeros, Bolivia debe reordenar su propia institucionalidad, comenzando por una profunda reestructuración de la Policía Nacional.
La controversia revive un capítulo sensible de la política exterior boliviana. La DEA fue expulsada en 2008 por el entonces presidente Morales, quien la acusó de conspirar contra su Gobierno, en una escalada diplomática que incluyó previamente la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg y una respuesta de reciprocidad de Washington, con la salida del embajador boliviano y la suspensión de beneficios comerciales como el ATPDEA, clave para el sector textil.
Desde entonces, las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se mantienen a nivel de encargados de negocios. Aunque el presidente Rodrigo Paz anunció la intención de restablecer embajadores, ese paso aún no se ha concretado.
