LA PAZ, 9 ene (El Libre Observador) — Los agremiados surtidores de Bolivia advirtieron este viernes que las medidas de presión con el cloqueo de caminos afectan de forma directa la cadena logística de diésel, gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP), en un escenario ya tensionado por la crisis económica y el conflicto social. Los bloqueos de carreteras que se multiplican en Bolivia comenzaron a encender una nueva señal de alarma con el riesgo de desabastecimiento de combustibles.
La Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) expresó su “profunda preocupación” ante la escalada de protestas y alertó que el cierre de rutas está impidiendo la normal comercialización de carburantes. Según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Bolivia amaneció con más de medio centenar de puntos de bloqueo distribuidos en distintos departamentos, una situación que compromete el abastecimiento regular en ciudades y regiones productivas.
“El impacto no se limita al sector energético, sino que genera un grave perjuicio a la sociedad en su conjunto”, señaló Asosur en un pronunciamiento público. La entidad advirtió que la interrupción del transporte de hidrocarburos pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales, afecta las actividades productivas y añade presión a la ya frágil estabilidad económica del país.
Las movilizaciones, lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), se mantienen como rechazo al Decreto Supremo 5503, norma que sectores sociales califican de “inconstitucional y entreguista” y cuya abrogación exigen de manera inmediata. En este contexto, los surtidores se posicionaron como uno de los primeros sectores en alertar sobre las consecuencias prácticas del conflicto, más allá del pulso político entre el Gobierno y las organizaciones movilizadas.
Ante el riesgo de un deterioro mayor, Asosur exhortó tanto a la COB como al Ejecutivo a retomar el diálogo como vía para destrabar la crisis. “Restablecer de manera responsable los canales de diálogo es fundamental para evitar mayores afectaciones a la población civil”, subrayó, al tiempo que pidió garantizar la libre circulación, el abastecimiento oportuno y el normal desarrollo de las actividades económicas.
El pronunciamiento coincide con una jornada marcada por el endurecimiento de los bloqueos y la persistencia de posiciones enfrentadas. Aunque algunas autoridades dejaron abierta la posibilidad de modificar más de 30 artículos del decreto, las organizaciones movilizadas rechazan cualquier ajuste parcial y exigen su derogación total. El Gobierno, en tanto, ratificó que no dará marcha atrás, al considerar que las medidas del decreto son necesarias para enfrentar el complejo panorama económico.
Mientras el conflicto se prolonga, el temor a un quiebre en el suministro de combustibles comienza a instalarse como uno de los principales focos de preocupación social, con efectos que podrían sentirse con rapidez en el transporte, la producción y la vida cotidiana de los bolivianos.
