LA PAZ, 23 ene (El Libre Observador) – Las lluvias que azotan Bolivia desde noviembre de 2024 han desencadenado afectaciones en ocho de los nueve departamentos del país. Según informes oficiales, más de 50.000 familias han sido afectadas por las lluvias torrenciales, riadas e inundaciones, con 12 municipios declarados en desastre y otros 55 enfrentando graves complicaciones debido a inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordes de ríos.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, detalló a los periodistas que un total de 664 comunidades han sido impactadas por los eventos climáticos extremos. De las familias afectadas, 34.035 están en condiciones vulnerables, mientras que 16.136 han sido clasificadas como damnificadas, es decir, han sufrido pérdidas materiales significativas y enfrentan condiciones críticas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta hidrológica de prioridad naranja, vigente hasta el 31 de enero, indicando la posibilidad de tormentas eléctricas, lluvias intensas y desbordes en cuencas clave como Bermejo, Pilcomayo, Piraí y Madre de Dios.
Los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 80 y 90 milímetros, incrementando los riesgos para las actividades humanas y la infraestructura local.
Las regiones afectadas incluyen Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando, abarcando una diversidad geográfica que subraya la magnitud del problema. “Las previsiones no son alentadoras. Las lluvias continuarán en las próximas semanas, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de estas comunidades”, advirtió Calvimontes.
En un esfuerzo por mitigar los impactos, el Gobierno ha activado un plan de intervención urgente en coordinación con alcaldes locales. Las prioridades incluyen el envío de alimentos, provisión de refugios temporales y equipos de rescate para las comunidades más golpeadas.
Sin embargo, las autoridades enfrentan desafíos significativos debido a la magnitud de las inundaciones y la falta de infraestructura adecuada para responder a una crisis de esta escala.
El viceministro enfatizó la importancia de trabajar en conjunto con los gobiernos locales y regionales para garantizar una respuesta eficaz. “Estamos comprometidos a atender las necesidades más urgentes de nuestra población, pero esta situación también nos recuerda la importancia de reforzar nuestras capacidades de prevención y adaptación ante eventos climáticos extremos”, afirmó.
Hasta la fecha, la temporada de lluvias ha dejado un saldo de 18 muertos, mientras miles de familias luchan por reconstruir sus vidas. Las imágenes de ríos desbordados, carreteras intransitables y viviendas inundadas se han convertido en un símbolo de los estragos que el cambio climático está causando en la región andina.
