LA PAZ, 23 jul (El Libre Observador) – En menos de siete meses de 2026, el país ha registrado 50 feminicidios, un promedio de una víctima cada cuatro días, según los datos difundidos este jueves por la Fiscalía General del Estado. Detrás de cada número hay una historia interrumpida y un sistema que, pese al endurecimiento de las leyes y a las campañas institucionales, sigue sin lograr contener una tragedia que se repite año tras año.
El caso más reciente ocurrió en Huanuni, un municipio minero del departamento de Oruro. El cuerpo de una mujer de 29 años fue encontrado el pasado 21 de julio en las inmediaciones del cementerio local, después de que sus familiares denunciaran que habían perdido contacto con ella. La autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que murió por compresión de centros nerviosos superiores, edema cerebral y un traumatismo craneofacial provocado por un objeto contundente.
Las investigaciones apuntan a un hombre de 38 años, identificado como la pareja de la víctima, quien fue aprehendido como principal sospechoso del crimen y es investigado por el delito de feminicidio. Según los primeros antecedentes, ambos habían consumido bebidas alcohólicas en los días previos a la desaparición de la mujer.
Con este caso, Bolivia elevó a 50 el número de feminicidios registrados en lo que va de 2026. La Paz concentra la mayor cantidad de víctimas, con 17 casos, seguida por Santa Cruz (9), Cochabamba (8), Oruro (7), Chuquisaca y Potosí (3 cada uno), Tarija (2), Beni (1), mientras que Pando es el único departamento que, hasta ahora, no reporta ningún hecho de esta naturaleza.
Las cifras vuelven a colocar a la violencia de género en el centro del debate público en un país que desde 2013 cuenta con una de las legislaciones más severas de la región contra los asesinatos de mujeres. La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia tipificó el feminicidio como delito específico y estableció penas de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres sostienen que el endurecimiento de las sanciones no ha sido suficiente para reducir la incidencia de estos crímenes.
El problema trasciende las estadísticas judiciales. Diversos colectivos feministas denuncian de manera recurrente las deficiencias en los mecanismos de prevención, la escasa capacidad institucional para brindar protección oportuna a las víctimas de violencia y las demoras en la investigación y judicialización de los casos. La mayoría de los feminicidios, además, ocurre en el entorno más cercano de las víctimas: parejas, exparejas o personas con quienes mantenían vínculos afectivos.
La persistencia de estos asesinatos sitúa a Bolivia entre los países latinoamericanos donde la violencia machista continúa siendo un desafío de derechos humanos. En una región que concentra algunas de las tasas más elevadas de feminicidio del mundo, el incremento de casos mantiene abierta la discusión sobre la eficacia de las políticas públicas, la prevención temprana y la necesidad de transformar patrones culturales profundamente arraigados.
Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones del crimen ocurrido en Huanuni, una nueva familia se suma a la larga lista de víctimas que esperan justicia. Y el país vuelve a enfrentarse a una pregunta que se repite con cada nuevo caso: por qué, pese a las leyes, las campañas y las promesas institucionales, la violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas con una frecuencia alarmante.
