LA PAZ, 2 sep (El Libre Observador) — La revelación de que al menos diez familias en La Paz enfrentan dudas sobre la ubicación de los restos de sus seres queridos fallecidos durante la pandemia del Covid-19 ha destapado un episodio doloroso y hasta ahora oculto: el colapso administrativo y sanitario que vivió Bolivia en 2020.
La Alcaldía paceña informó que funerarias y personal del Cementerio General confundieron sepulturas en el momento más crítico de la emergencia sanitaria, cuando los hospitales estaban saturados y la ciudad multiplicaba las fosas para responder a la ola de muertes.
“En vez de ponerle al fallecido que tenía que estar en la sepultura uno, lo han puesto en la tres. Y el que tenía que estar en la tres está en la dos, o sea, han hecho un desorden de los fallecidos”, explicó Patricia Endara, directora de la Entidad Descentralizada de Cementerios.
El anuncio ha reavivado el dolor de familias que ahora, cuatro años después, dudan si los restos que visitan en el camposanto realmente corresponden a sus parientes. La Alcaldía detalló que, para resolver la confusión, se pondrá en marcha un plan de inspecciones y exhumaciones, con la presencia de familiares, que deberán identificar cuerpos a partir de datos como el registro de ingreso al cementerio o las prendas con las que fueron sepultados.
Una herida abierta de la crisis sanitaria
La pandemia golpeó con especial dureza a Bolivia en 2020, cuando la escasez de oxígeno, la precariedad hospitalaria y la falta de personal médico provocaron escenas de cuerpos acumulados en morgues, domicilios e incluso en las calles.
En La Paz, el Cementerio General —fundado en 1826 y considerado patrimonio histórico— se convirtió en símbolo del colapso: largas filas de féretros aguardaban bajo carpas improvisadas para poder ser enterrados.
La confusión de sepulturas, admitida ahora por la administración municipal, aparece como un reflejo de aquel desborde. Las autoridades han insistido en que ningún procedimiento se realizará sin autorización familiar, en un intento por ofrecer garantías frente a la sensibilidad del tema.
“Ninguna sepultura va a ser abierta sin la autorización de algún familiar. Vamos a darles las garantías que correspondan”, aseguró Endara.
Contexto social y político
El hallazgo se produce en un país donde la gestión de la pandemia sigue siendo objeto de debate político y judicial.
Exautoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez enfrentan procesos por presunta corrupción en la compra de insumos médicos, mientras el gobierno actual del presidente Luis Arce ha denunciado la falta de previsión sanitaria heredada de ese periodo.
En este escenario, el Cementerio General se convierte en un espacio de memoria colectiva. La confusión de tumbas no solo afecta a los familiares directos, sino que reabre discusiones sobre el derecho a una sepultura digna y la obligación del Estado de preservar registros confiables en contextos de crisis.
El peso de la memoria
Los familiares de víctimas de la pandemia en Bolivia ya habían denunciado, en años anteriores, dificultades para acceder a certificados de defunción y errores en los listados oficiales de fallecidos. El caso actual añade otra dimensión: la posibilidad de que, por la prisa y el desorden, decenas de cuerpos reposen en lugares equivocados.
La Alcaldía ha prometido un proceso transparente y “respetuoso” para corregir la situación. Sin embargo, para muchas familias, la confusión no es solo administrativa, sino un golpe emocional que remueve las heridas de uno de los capítulos más traumáticos en la historia reciente de Bolivia.
En un país que perdió oficialmente a más de 22.000 personas por Covid-19 —cifra que diversos estudios consideran subestimada—, la certeza sobre el lugar donde descansan los muertos se convierte en un asunto de memoria, identidad y justicia.
