LA PAZ, 2 sep (El Libre Observador) — El dato es contundente y resume buena parte de los dilemas de la economía boliviana: hasta agosto de 2025, el Estado destinó 2.332 millones de dólares a la importación de combustibles y al pago de la deuda externa. Una cifra que, por sí sola, refleja la dependencia energética del país y la presión que supone sostener sus compromisos financieros en un contexto de escasez de divisas.
El informe, difundido por el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, muestra que 1.282 millones se dirigieron a la compra de diésel y gasolina, mientras que los ingresos por exportaciones petroleras apenas llegaron a 628 millones de dólares en el mismo periodo.
La balanza energética está en rojo: Bolivia ya no es el exportador neto de hidrocarburos que sostuvo el auge económico de los años 2006-2014, sino un importador creciente.
Durante más de una década, los hidrocarburos fueron la principal fuente de divisas, financiamiento fiscal y orgullo nacional. El gas boliviano iluminó ciudades brasileñas y argentinas, mientras que las reservas internacionales llegaron a superar los 15.000 millones de dólares en 2014.
Esa era ha terminado. La declinación de los campos, la falta de inversión exploratoria y el desgaste de contratos de exportación han reducido drásticamente la capacidad productiva del país. Hoy, el Estado debe gastar más de lo que ingresa para garantizar el suministro de combustibles a su población y a su aparato productivo.
El dato presentado por el BCB es elocuente: de cada dólar que se destinó a combustibles, apenas la mitad se compensó con exportaciones. El resto salió directamente de las reservas internacionales o del endeudamiento.
La deuda como espejo de la fragilidad
El otro componente del gasto —1.050 millones de dólares en pagos de deuda externa, equivalentes al 67% de lo programado para el año— muestra la disciplina del Gobierno en honrar sus compromisos, pero también el peso creciente del servicio financiero en una economía sin nuevas fuentes de liquidez.
Lo más preocupante es el descalce: los desembolsos de créditos externos son menores que los pagos realizados. El propio Rojas admitió que el bloqueo político en la Asamblea Legislativa impide la aprobación de financiamientos por más de 1.700 millones de dólares, restringiendo la llegada de divisas frescas.
Bolivia mantiene una imagen internacional de buen pagador, y eso se tradujo en una mejora de la cotización de sus bonos soberanos, que pasaron de 0,53 a 0,82 en pocos meses. Pero la paradoja es evidente: mientras los mercados premian la disciplina fiscal, la economía real sufre la falta de dólares para importar insumos, mantener la inversión pública y sostener el tipo de cambio.
Escasez de divisas y mercado en tensión
El drenaje de dólares por combustibles y deuda se inscribe en un contexto de crisis cambiaria. El Banco Central informó que las reservas alcanzan 2.881 millones de dólares, pero con apenas un 5,9% en divisas líquidas y más del 90% en oro. En la práctica, el margen de maniobra es estrecho: el metal no puede sustituir la liquidez necesaria para el comercio internacional.
La escasez de divisas ha impulsado un mercado paralelo en el que el dólar se cotiza muy por encima del tipo de cambio oficial (6,96 bolivianos). Esto ha encarecido importaciones, acelerado la inflación en productos básicos y erosionado la confianza de los ciudadanos, que ven en el billete verde un refugio frente a la incertidumbre.
Dependencia energética y dilema estructural
Más allá de la coyuntura, los 2.332 millones erogados hasta agosto son el reflejo de una dependencia estructural. Bolivia subsidia de forma masiva el precio interno de los combustibles, lo que obliga al Estado a importar carburantes a precios internacionales y venderlos a pérdida en el mercado local.
La política ha funcionado como amortiguador social, pero con un costo fiscal creciente. En tiempos de abundancia de gas, el esquema era sostenible; hoy, sin renta hidrocarburífera, se ha convertido en un lastre que drena reservas y alimenta el déficit.
El dilema es complejo: reducir los subsidios significaría encarecer el transporte, la electricidad y los alimentos, con alto costo político y social. Mantenerlos implica seguir consumiendo divisas que el país ya no genera.
Repercusiones regionales y escenario político
La fragilidad de las finanzas bolivianas tiene también un eco regional. El país, tradicional proveedor de gas, ya no puede garantizar contratos de largo plazo con Brasil y Argentina. Su déficit de divisas limita las importaciones de insumos agrícolas e industriales, afectando cadenas productivas y encareciendo la vida en ciudades fronterizas.
En el plano interno, el gasto en combustibles y deuda se ha convertido en terreno de disputa política. El Gobierno de Luis Arce defiende la disciplina fiscal como un signo de fortaleza y asegura que las reservas están en proceso de estabilización. La oposición denuncia, en cambio, que el modelo económico agotó su ciclo y que el país vive de “parches” sostenidos en oro y deuda.
Entre el corto plazo y la reforma pendiente
El desembolso de 2.332 millones de dólares en ocho meses muestra que Bolivia está atrapada entre dos urgencias: garantizar el abastecimiento energético y cumplir con sus acreedores. Ambas presionan sobre unas reservas limitadas, cada vez más expuestas a la volatilidad internacional.
La solución de fondo —una diversificación productiva real, con litio, agroindustria y energías renovables— avanza a un ritmo mucho más lento que la velocidad de los egresos. Mientras tanto, la economía boliviana vive en un delicado equilibrio: paga a tiempo, pero a costa de su propio margen de maniobra.
En suma, la erogación de más de 2.300 millones no es solo un dato contable, sino la radiografía de un país que dejó atrás la bonanza gasífera y que busca desesperadamente un nuevo modelo para sostenerse en un mundo donde ya no vende energía, sino que la compra.
