LA PAZ, 18 nov (El Libre Observador) – ElDefensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este martes una propuesta integral de transformación que, más que un diagnóstico, busca funcionar como un punto de inflexión: “Hoy presentamos un nuevo desafío para la reforma judicial en nuestro país. Un sistema justo y transparente para todas y todos”, afirmó.
Bolivia volvió al debate de fondo sobre su sistema judicial, un terreno marcado desde hace años por denuncias de politización, precariedad institucional y una estructura que parece incapaz de responder a la demanda social de justicia.
La iniciativa —titulado Una Reforma Judicial con Enfoque de Derechos Humanos— se articula sobre tres pilares que abordan los nudos críticos del sistema: la independencia judicial, la actualización normativa y la modernización tecnológica. Los ejes, sin embargo, van más allá de los mecanismos técnicos. La propuesta intenta colocar en el centro a las personas, su dignidad y sus derechos, con especial énfasis en las comunidades indígenas y en la diversidad cultural del país, un componente que Callisaya considera indispensable en un Estado plurinacional.
El primer pilar apunta al corazón del problema: la independencia y transparencia. El Defensor plantea una carrera judicial basada en meritocracia y mecanismos claros para la selección de autoridades, en un país donde la figura del “juez transitorio” ha alimentado durante años la sospecha de injerencia política. La idea es que la estabilidad institucional deje de depender de coyunturas partidarias y recupere, más bien, un estándar profesional y técnico.
El segundo pilar se enfoca en reformar un cuerpo normativo que arrastra décadas de rezago. Callisaya mencionó como ejemplo la Ley General del Trabajo, vigente desde 1942, que convive con procedimientos y doctrinas que ya no responden al país contemporáneo. A ello se suma la necesidad de crear un Código Procesal Administrativo que ponga reglas claras a la actuación del Estado y reduzca las prácticas arbitrarias que afectan a miles de ciudadanos.
El tercer eje mira hacia adelante: la integración de tecnología para ordenar trámites, reducir tiempos y eliminar barreras. No se trata —precisa Callisaya— de reemplazar el criterio humano, sino de blindarlo de discrecionalidades y dotarlo de herramientas que hagan más accesible la justicia. En Bolivia, donde un proceso puede prolongarse durante años, la digitalización es vista como una urgencia más que como una innovación.
En el trasfondo de esta propuesta están las advertencias acumuladas de organismos internacionales. El GIEI, la CIDH y el exrelator de la ONU Diego García-Sayán han documentado abusos de la detención preventiva, falta de independencia judicial, problemas estructurales de presupuesto y un sistema saturado por jueces interinos. También han señalado que la desigualdad y la discriminación continúan afectando a quienes intentan ejercer su derecho a una defensa justa.
Callisaya sostiene que la reforma debe asumir el carácter plurinacional del Estado y reconocer que la justicia no es homogénea. Para ello, propone incorporar a los pueblos indígenas no solo como usuarios del sistema, sino como actores en su diseño y ejecución, articulando la justicia ordinaria con la justicia indígena originaria campesina.
La iniciativa llega en un momento de alta sensibilidad política y de creciente desconfianza ciudadana hacia el aparato judicial. Aunque su impacto dependerá de su recepción en la arena legislativa y política, la propuesta del Defensor del Pueblo reabre un debate que Bolivia arrastra desde hace décadas: cómo construir un sistema de justicia que funcione, que sea independiente y que respete la pluralidad social que define al país.
