SANTA CRUZ, 20 feb (El Libre Observador) – La muerte del capitán de Policías, José Carlos Aldunate Meneses, no fue un hecho aislado ni un simple acto de violencia. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, consideró este jueves que se trató de una venganza del crimen organizado, ejecutada con precisión y premeditación.
Las investigaciones han llevado a la identificación de dos sicarios, ambos con antecedentes criminales, quienes habrían participado en el ataque contra Erland Ivar García, alias ‘El Colla’, testaferro del narcotraficante Sebastián Marset.
Las imágenes de cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir el crimen. Los registros muestran a los atacantes y a dos motociclistas que actuaron como «loros» (informantes).

La Policía identificó a los sicarios a partir de su contextura física y su forma de caminar, estableciendo que se trata de los hermanos Erick y Osvaldo Hurtado Aguilera, exreclusos con un historial delictivo vinculado al crimen organizado.
El asesinato de Aldunate ocurrió en un contexto de disputa territorial. Según Aguilera, el capitán fue blanco de una emboscada mientras esperaba a su hija. Los sicarios habían monitoreado la zona 12 minutos antes del ataque, lo que confirma que se trató de un homicidio planificado y no de un ajuste de cuentas personal.

EXRECLUSOS EN LIBERTAD: LA GRAN INCÓGNITA
Uno de los elementos más preocupantes del caso es que los hermanos Hurtado estaban en prisión, pero lograron salir en circunstancias aún no esclarecidas. “Se desconoce cómo obtuvieron su libertad”, reconoció el viceministro, quien aseguró que la lucha contra el crimen organizado no se detendrá.
Para llevar a cabo el asesinato, los criminales utilizaron un vehículo con placa clonada y sin documentación, una táctica común en operaciones delictivas de alto nivel.
El Gobierno ha enviado equipos especializados a Santa Cruz para acelerar la captura de los responsables y garantizar que este crimen no quede impune.
El asesinato de Aldunate no es un hecho aislado. Forma parte de un entramado de violencia y represalias dentro del crimen organizado en Bolivia, una red que sigue operando a pesar de los esfuerzos de las autoridades.