LA PAZ, 9 jul (El Libre Observador) — Cuando Bolivia declaró la emergencia sanitaria nacional por un rebrote de sarampión el 24 de junio, muchos en el país pensaron que se trataba de una medida preventiva. Sin embargo, dos semanas después, los contagios confirmados rozan los 100, la mayoría en niños que nunca recibieron una sola dosis de la vacuna.
Lo que debía ser una historia de erradicación ejemplar se ha convertido en un llamado de alerta sobre el debilitamiento de los sistemas de salud pública, la desinformación y el abandono estructural en vastas zonas del país.
Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, concentra el 87% de los casos. No es un dato menor. La epidemia no brota en las zonas más remotas, sino en centros urbanos y periurbanos donde confluyen la migración interna, el crecimiento desordenado y el colapso de servicios básicos. Los otros casos se distribuyen en departamentos andinos como La Paz y Potosí, lo que evidencia una propagación geográfica inquietante.
La ministra de Salud, María Renée Castro, fue categórica: “Son niños que no han recibido ni una sola dosis”. No hay eufemismos. No es un error administrativo ni una falla técnica. Es el síntoma visible de una brecha inmunológica creciente, forjada en los últimos cinco años y acelerada por la pandemia de COVID-19.
La interrupción de campañas preventivas, el miedo a acudir a centros de salud y la propagación de teorías conspirativas han contribuido a erosionar décadas de avances en vacunación infantil.
El sarampión, que había sido virtualmente eliminado de Bolivia, no perdona retrocesos. Altamente contagioso y potencialmente mortal, especialmente en menores con desnutrición o inmunodeficiencia, es un virus que vuelve a ganar terreno cuando las coberturas de vacunación bajan del umbral del 95%.
En Bolivia, ese umbral fue superado en dirección inversa: según fuentes sanitarias, en algunos municipios no se llega ni al 50%.
Las brigadas móviles que ahora recorren comunidades en Santa Cruz, La Paz o Chuquisaca son la respuesta más visible del Estado. Pero la urgencia sanitaria encubre un problema más profundo: el sistema de salud boliviano continúa siendo frágil, fragmentado y, muchas veces, ineficaz en garantizar atención preventiva sostenida, especialmente en la población infantil.
A ello se suman las tensiones políticas internas, la reducción del gasto público en salud y la dificultad de articular una estrategia nacional coherente con los gobiernos subnacionales.
En paralelo, la narrativa oficial intenta reconectar con la ciudadanía. “Vacunar es un acto de amor”, ha dicho la ministra. Pero el discurso emocional no basta frente a la desconfianza acumulada, especialmente en regiones donde el Estado llega tarde, mal o nunca. La tarea no es solo médica, sino política, cultural y educativa.
La emergencia por sarampión en Bolivia no es un caso aislado. Se inscribe en un patrón regional: Perú, Venezuela y Brasil también han registrado rebrotes, todos asociados al mismo fenómeno postpandémico de caída en las tasas de vacunación. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido del riesgo de perder el estatus de “región libre de sarampión” si los países no actúan con rapidez y contundencia.
En el fondo, la crisis actual pone en tela de juicio no solo las capacidades logísticas del Estado boliviano, sino su habilidad para construir confianza pública, asegurar derechos básicos y defender conquistas históricas en salud pública. El regreso del sarampión es un recordatorio doloroso de que las enfermedades prevenibles no se erradican solo con vacunas: se necesita también voluntad política sostenida, inversión social y un Estado que funcione.
La cuenta regresiva está en marcha. Si no se logra contener la transmisión comunitaria en los próximos meses, Bolivia no solo enfrentará una epidemia mayor, sino el fracaso de un modelo sanitario que no ha sabido adaptarse a los nuevos desafíos. La salud pública, una vez más, es el espejo más crudo de la desigualdad.
