Por Marcelino Paucara Romanelo
LA PAZ, (El Libre Observador) — En Bolivia, la figura del analista político ha perdido todo el prestigio que alguna vez pudo tener como actor necesario del debate público. Lejos de encarnar la crítica informada e independiente que requiere toda sociedad democrática, una parte significativa de quienes se autodenominan analistas han devenido en operadores disfrazados, actores políticos camuflados en el ropaje del “comentarismo” supuestamente neutral. No son pocos los que han utilizado ese trampolín para catapultarse a espacios de poder o de influencia, sin pasar por las exigencias mínimas de una carrera profesional, electoral o académica transparente.
Este fenómeno no es exclusivo de Bolivia, sino en la región, pero en el contexto nacional ha tomado proporciones alarmantes. El país asiste a una normalización peligrosa: la de convertir la opinión política en un instrumento de acceso al poder sin responsabilidad ni rendición de cuentas. Analistas que un día son voceros encubiertos de una corriente y al siguiente se reciclan como «independientes», según convenga la coyuntura y el postor de turno.
Un repaso breve por algunos casos ilustra esta tendencia. Carlos Mesa, por ejemplo, transitó de periodista a historiador, y luego a vicepresidente, para después asumir la presidencia tras la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada. Todo sin haber hecho una carrera política clásica ni construir una organización partidaria con legitimidad propia. El caso de Álvaro García Linera es igual de ilustrativo: de teórico marxista a vicepresidente del Estado Plurinacional, no sin antes haber falseado méritos académicos en matemáticas, mientras su retórica eclipsaba la verificación fáctica de sus argumentos.
Otros nombres como Marcelo Silva o Gustavo Pedraza, que se presentan como politólogos o ex candidatos, han mutado de analistas a piezas funcionales de intereses coyunturales. Silva fue concejal gracias al MAS, y ahora se muestra como crítico de quienes representan al mismo espacio político que lo llevó al cargo. Pedraza, en cambio, fue el rostro académico del proyecto fallido de Comunidad Ciudadana y hoy se alinea con sectores conservadores, en espera —como muchos otros— de un nuevo turno de favores.
A esta lista se suman Guillermo Richter, analista, vocero del presidente Luis Arce y ahora candidato a la vicepresidencia por MORENA; Susana Bejarano analista política y ahora candidata a primera senadora por La Paz de Alianza Patriótica; Paúl Coca, un acérrimo crítico al gobierno de Arce y ahora candidato por Nueva Generación Patriótica, entre otros.
Este no es un problema individual, sino sistémico. Medios de comunicación, partidos y analistas conforman una simbiosis tóxica que perjudica a la ciudadanía. En lugar de promover el pensamiento crítico y el pluralismo real, reproducen voces funcionales a las agendas de sus propietarios o financistas. ¿Y el resultado? Una opinión pública secuestrada, confundida, incapaz de distinguir entre una reflexión honesta y una estrategia de manipulación política.
El descrédito no es casual. En Bolivia, la palabra «llunk’u» —adulador— resume bien el perfil de estos opinadores profesionales. Dependiendo en la vereda que se encuentran, buscan incomodar al gobierno de turno y se suman a sus mentiras. Se disfrazan de académicos, pero evaden el rigor. Se dicen independientes, pero omiten sus vínculos. Y lo más grave: son amplificados por medios que, lejos de informar, se dedican a editorializar encubiertamente, construyendo escenarios donde la crítica real queda desplazada por la estrategia.
¿Qué hacer frente a esta degeneración de la esfera pública?
Una posibilidad, tan básica como urgente, sería establecer estándares mínimos para quienes son presentados como analistas políticos en medios de comunicación. Entre ellos: no haber sido candidatos o autoridades electas en representación de partidos; no tener afiliación política activa; y declarar de forma transparente su orientación ideológica si la tienen. No para censurarlos, sino para que el público pueda evaluar sus argumentos con mayor contexto y menos engaños.
El periodismo también debe asumir su parte. No basta con buscar “equilibrio” colocando una voz a favor y otra en contra. Es imperativo investigar quiénes son esas voces, qué intereses representan, y qué trayectorias cargan a cuestas. Solo así se evitará que el análisis político se convierta en un negocio personal, o peor, en un canal encubierto de propaganda.
Pro también los medios deben ser responsables, aunque más bien están coludidos con intereses políticos para atacar o defender, de acuerdo a sus intereses y negociados que hayan logrado.
En tiempos donde la democracia enfrenta desafíos globales —autoritarismos emergentes, desinformación masiva, polarización radical— Bolivia no puede permitirse el lujo de tener una esfera pública secuestrada por políticos encubiertos en analistas. Recuperar la crítica seria, honesta y libre de conflicto de interés es una tarea urgente. Porque sin verdad, sin transparencia, sin independencia, la opinión no informa: simplemente contamina.
