LA PAZ, 21 jul (El Libre Observador) — En Bolivia, donde la crisis económica se cuela en cada mercado, surtidor y esquina de cambio de divisas, la política se ha convertido en el catalizador de un escenario volátil. El presidente Luis Arce, acorralado por la escasez de dólares, las reservas internacionales en mínimos y una ingobernabilidad, ha identificado una enemiga clara: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
En un acto en Comanche, una localidad del altiplano paceño, Arce rompió todo atisbo de diplomacia. “Los culpables están allá sentados en la Asamblea Legislativa, porque no aprueban los créditos, porque nos quieren hacer quedar mal ante el pueblo, diciendo que no sabemos hacer nada”, arremetió, en referencia a los más de 1.800 millones de dólares en financiamiento externo bloqueados, que el Ejecutivo considera vitales para estabilizar la economía y mantener proyectos estratégicos.
La disputa refleja mucho más que un forcejeo legislativo. Bolivia, cuyo modelo económico se sostuvo durante años en exportaciones de gas y generosos subsidios, enfrenta su momento más crítico desde la crisis del gas de 2003.
Las reservas internacionales cayeron por debajo de los 2.000 millones de dólares, un mínimo histórico que ha disparado el mercado paralelo del dólar y ha puesto al límite las importaciones de combustibles, subsidiadas a un costo que roza los 1.700 millones de dólares anuales.
En este tablero, la política es gasolina para el incendio. La Asamblea está fracturada por la guerra interna en el Movimiento al Socialismo (MAS), donde el ala leal a Arce y la facción de Evo Morales —quien busca volver al poder en 2025— libran una batalla que ha empujado a la oposición a alianzas coyunturales con el expresidente. El resultado: leyes congeladas, financiamiento paralizado y un Ejecutivo maniatado.
“Es como dejar al Gobierno sin un brazo”, graficó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, al advertir que la falta de liquidez externa amenaza con frenar obras, recortar subsidios y erosionar un modelo que Arce defiende como pilar de estabilidad social.
La tensión no es solo económica. Arce, consciente de que el malestar social podría escalar en un año preelectoral, recurre al nacionalismo económico como escudo. Alertó sobre “intereses extranjeros y nacionales que quieren apoderarse de nuestros recursos, como la minería y el litio”, un mensaje dirigido tanto a sus bases rurales como a Santa Cruz, motor económico y bastión opositor.
Mientras tanto, el ciudadano de a pie siente la tensión de forma tangible: colas en casas de cambio, diésel racionado en estaciones y precios que empiezan a moverse al alza pese al discurso oficial de estabilidad. Analistas advierten que, si el bloqueo legislativo se prolonga, Bolivia podría enfrentar un ajuste abrupto en su tipo de cambio, con un impacto social imprevisible.
Lo que está en juego trasciende los equilibrios políticos de La Paz: es la viabilidad de un modelo económico que, sin crédito externo y con reservas exiguas, parece cada vez más frágil. Y mientras Arce y Morales convierten el Parlamento en su ring personal, la economía boliviana se convierte en el verdadero rehén de una guerra de poder que no muestra señales de pausa.
