LA PAZ, 17 abr (El Libre Observador) — La escena parecía una más de las celebraciones populares que llenan de música y color las calles de La Paz. Pero en medio de una comparsa de morenada, la Policía identificó a una mujer que durante años había permanecido fuera del radar judicial; una sentenciada por asesinato que, según las autoridades, llevaba más de una década eludiendo el cumplimiento de su condena.
La detenida, Jeannette Bejarano, de 48 años, fue capturada mientras bailaba junto a su pareja, un juez de ejecución de sentencia, en un episodio que ha sacudido al sistema judicial boliviano por las implicaciones que revela. La mujer tenía una condena de 30 años sin derecho a indulto por el asesinato de un joven militar de la Fuerza Aérea Boliviana en 2006, fallo que fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia en 2014.
Según las investigaciones, Bejarano había obtenido beneficios judiciales en años anteriores, incluyendo detención domiciliaria, tras argumentar un embarazo y posteriormente una supuesta enfermedad oncológica que no fue respaldada por instancias forenses. Desde 2021, se encontraba prófuga.
La captura se produjo en la vía pública, donde la mujer participaba en actividades festivas. Testigos relataron que, al momento de la intervención policial, el juez que la acompañaba, identificado como Ángel René S. C., intentó impedir la aprehensión, protagonizando un altercado con los agentes e incluso amenazando con acciones legales.
De acuerdo con el reporte preliminar, familiares de la detenida habrían intentado facilitar su escape, introduciéndola en un vehículo y tratando de cambiar su vestimenta con una pollera de la tradicional chola paceña, para evadir los controles. La maniobra, sin embargo, no prosperó.
El caso ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos sobre posibles redes de favorecimiento dentro del sistema judicial. La relación entre la condenada y el juez, quien además es padre de su hija, está ahora bajo escrutinio, en medio de denuncias de presuntos beneficios indebidos que aparentemente facilitó su permanencia fuera de prisión.
El Consejo de la Magistratura anunció la apertura de procesos disciplinarios contra el magistrado, que prevé derivar en su destitución e incluso en responsabilidades penales, en el marco de la normativa vigente.
El caso se inscribe en una serie de escándalos que han golpeado al sistema judicial boliviano en los últimos años, tras revelaciones sobre redes irregulares que facilitaron la liberación de personas con sentencia firme. Uno de los antecedentes más graves fue el de Richard Choque, cuya liberación irregular derivó en nuevos delitos de extrema violencia.
Más allá del impacto mediático, la captura de Bejarano vuelve a poner en evidencia las grietas institucionales en la administración de justicia en Bolivia, donde casos de alto perfil exponen la fragilidad de los mecanismos de control y la persistencia de prácticas que erosionan la confianza pública.
La imagen de una prófuga bailando en plena vía pública, acompañada por un juez, resume con crudeza esa contradicción entre la coexistencia de la impunidad con la institucionalidad. Un episodio que, más que anecdótico, reabre el debate sobre la urgencia de reformas estructurales en el sistema judicial del país.
