LA PAZ, 30 may (El Libre Observador) – En un país atravesado por el desgaste económico, la escasez de divisas y un clima político enrarecido por la incertidumbre electoral, una inédita alianza de sectores sociales bolivianos lanzó este viernes una señal de alarma al Ejecutivo. Desde la ciudad de El Alto, el llamado Comité Multisectorial —que reúne a gremialistas, transportistas, cívicos, pequeños empresarios y otros— pidió con vehemencia un “urgente cambio de modelo económico” y exigió al Gobierno que garantice la realización de las elecciones generales previstas para agosto.
El pronunciamiento se dio tras una asamblea pública realizada a escasos cinco kilómetros de La Paz, en lo que muchos interpretan como una advertencia directa al corazón del poder político.
En la conferencia de prensa, marcada por el tono frontal y el lenguaje de urgencia, el vocero del comité, César Gonzales, puso en palabras una frustración transversal: “Esta crisis ya no la resiste nadie. Ni el pequeño productor, ni el comerciante que pasa 18 horas en la calle, ni el transportista que no consigue gasolina”.
La imagen fue tan simbólica como potente: representantes de sectores históricamente dispersos, y hasta enfrentados, compartieron por primera vez un podio y una consigna común. La necesidad de reconstruir el modelo económico desde las bases y de preservar el calendario electoral sin alteraciones.
La propuesta del Comité lleva por nombre “Plan Bolivia 2025–2035”, un documento aún en construcción que promete consolidarse como una plataforma de alternativas económicas concebidas “desde abajo y para todos”, según sus impulsores.
La hoja de ruta plantea revisar las restricciones a las exportaciones, garantizar el abastecimiento de combustibles y establecer un régimen económico que reactive el aparato productivo sin excluir al sector informal.
“No queremos más políticas diseñadas para los políticos”, sentenció Gonzales al dar lectura al manifiesto. “Este plan no es para las élites, es para el pueblo boliviano que no accede al dólar, que no tiene seguro de salud, que produce sin respaldo del Estado”.
Junto con la propuesta económica, los sectores lanzaron una advertencia política de peso: cualquier intento de postergar las elecciones generales será considerado “inaceptable” y una ruptura del orden democrático. “Decimos al Gobierno: garantice las elecciones. No se puede prolongar esta crisis política ni un día más”, subrayó el dirigente gremial.
La protesta, que comenzará el lunes 2 de junio con movilizaciones en Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, amenaza con escalar a nivel nacional en los días siguientes. El Comité Multisectorial anunció que las medidas serán “escalonadas y progresivas”, dependiendo de la respuesta del Gobierno a sus demandas.
En la práctica, se trata de una movilización que excede el clásico conflicto entre regiones o entre Estado y empresarios. Lo que emerge ahora es una convergencia social de actores diversos que se reconocen golpeados por una misma crisis: la escasez de combustibles, la falta de dólares, la contracción del comercio informal y la parálisis en el aparato productivo.
El escenario se complica por la sombra de una posible postergación electoral, alimentada por rumores no confirmados desde esferas políticas y judiciales. Aunque el Gobierno no ha emitido una declaración oficial sobre el tema, la falta de un cronograma definido y de señales claras ha activado las alarmas en amplios sectores de la sociedad. Bolivia se adentra así en un tramo crítico de su calendario político.
Con la economía en retroceso, las reservas internacionales al límite y la calle empezando a calentarse, el Gobierno enfrenta el desafío de contener una protesta con múltiples voces, pero con una sola exigencia: que el país no espere más.
