LA PAZ, 28 ene (El Libre Observador) — Cascos amarillos, pancartas improvisadas y columnas de trabajadores avanzando por el centro de La Paz marcaron este miércoles una postal poco habitual para un sector acostumbrado a crecer al ritmo de las obras civiles privadas y públicas. Ingenieros y constructores bolivianos se declararon en emergencia y denunciaron la paralización de hasta el 80% de las obras, en medio del encarecimiento de los insumos, el incremento de precios de los materiales y la falta de ajustes contractuales por parte del Estado.
Las protestas, encabezadas por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), se replicaron en varias ciudades del país y confluyeron frente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde el sector exigió la aprobación urgente de un decreto supremo que permita actualizar los precios de los contratos firmados en años anteriores.
El reclamo tiene un trasfondo económico concreto. Según los empresarios y técnicos del rubro, los costos de los principales insumos se han disparado entre un 25% y un 45%, mientras que los contratos siguen anclados a precios obsoletos. El caso del cemento es ilustrativo: en algunos convenios figura a 46 bolivianos por bolsa, cuando en el mercado actual puede alcanzar los 90.
“Me animo a decir que el 80% de las obras ya se está paralizando. La situación es caótica para el sistema constructivo nacional”, advirtió el presidente de la SIB, Pascual Velásquez, al señalar que las empresas están obligadas a trabajar con pérdidas o a detener los proyectos.
El impacto va más allá de las cifras. El sector de la construcción sostiene cerca de un millón de empleos directos e indirectos en Bolivia, muchos de ellos de trabajadores con contratos temporales y alta vulnerabilidad económica. La paralización, alertan los dirigentes, pone en riesgo el ingreso de miles de familias y amenaza con profundizar el desempleo urbano.
Desde la Caboco sostienen que, sin una política de reactivación específica, el país podría enfrentar un efecto dominó: obras públicas inconclusas, retrasos en proyectos estratégicos y una contracción de la economía local. “Esto no solo afecta a las empresas; afecta al Estado y, sobre todo, a la gente que espera esas obras”, señalan desde el sector.
Mientras el Gobierno evalúa las demandas, los constructores insisten en que el tiempo juega en contra. Si no se ajustan los precios a la realidad del mercado, advierten, la construcción —uno de los motores tradicionales del empleo en Bolivia— corre el riesgo de detenerse casi por completo, con consecuencias sociales difíciles de revertir.
