LA PAZ, 25 jun (El libre Observador) – En una tensa reunión celebrada en La Paz, el presidente Luis Arce Catacora y los alcaldes de las nueve ciudades capitales y de El Alto decidieron tomar un curso de acción drástico. La obstaculización y paralización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha llevado a los líderes municipales a anunciar acciones constitucionales, argumentando que la inactividad legislativa está perjudicando gravemente el desarrollo de todos los niveles de gobierno.
La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, alzó la voz en nombre de sus colegas al término del encuentro. «Iniciaremos acciones constitucionales ante la obstaculización y paralización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que perjudica el desarrollo de todos los niveles de Gobierno», declaró Copa. En la sala se percibía una mezcla de determinación y descontento, mientras se discutían las posibles consecuencias de la inacción legislativa.
La situación es grave: más de 900 millones de dólares en créditos externos están «durmiendo» en la Asamblea, a la espera de aprobación. Estos fondos son vitales no solo para la ejecución de proyectos municipales, sino también para la reconfiguración del presupuesto de los gobiernos locales.
La falta de aprobación está asfixiando financieramente a los municipios, impidiendo la inyección de liquidez necesaria para enfrentar desafíos inmediatos, como la recuperación de los recursos utilizados en la lucha contra el Covid-19.
El presidente Arce, acompañado por el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, escuchó atentamente las demandas de los alcaldes. Arce destacó la urgencia de canalizar un fondo de 50 millones de dólares, derivado de los mencionados créditos externos, que sería distribuido entre los municipios para aliviar la crisis actual.
«Hemos recibido una necesidad que han planteado nuestros hermanos alcaldes y alcaldesas respecto a una inyección de liquidez que requieren nuestros municipios,» subrayó el presidente.
Sin embargo, durante la lectura de las conclusiones, no se especificaron las acciones legales exactas que seguirán los alcaldes ni las medidas concretas a tomar en los próximos días.
La ambigüedad en torno a los próximos pasos refleja la complejidad y delicadeza de la situación, pero no resta seriedad a la amenaza de acciones constitucionales.
El anuncio llega en un momento crítico para Bolivia, donde la estabilidad política y económica depende en gran medida de la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. La paralización legislativa no solo pone en riesgo proyectos esenciales, sino que también amenaza con desatar una crisis más profunda en la gestión pública del país.
