LA PAZ, 31 mar (El Libre Observador) — La crisis del combustible en Bolivia cruzó este martes a la frontera de la diplomacia. Tras semanas de denuncias por gasolina de mala calidad y motores dañados, el caso escaló hasta convertirse en un asunto de seguridad regional, obligando a los presidentes de Bolivia Rodrigo Paz y de Chile José Antonio Kast, a activar un canal directo de coordinación contra el crimen transnacional.
La reunión, realizada de manera virtual, fue breve pero significativa. En un comunicado conjunto, ambos mandatarios expresaron su “firme voluntad de combatir el crimen organizado transnacional que pudiera producirse en la frontera común”, una frase que refleja tanto la gravedad del problema como la necesidad de evitar que el caso derive en tensiones políticas entre vecinos históricamente sensibles.
El detonante fue la revelación de una red que, según el Gobierno boliviano, operaba en ciudades del norte chileno como Arica, Iquique y Mejillones. Allí, de acuerdo con la investigación oficial, el combustible que transitaba hacia Bolivia era parcialmente sustraído y luego adulterado con agua sucia y aceites usados antes de continuar su ruta.
“Roban combustible boliviano en garajes y otros espacios de venta ilegal para adulterarlo. Al extraer un porcentaje de litros de cada cisterna, compensan el faltante con agua y otros productos que luego ingresan a Bolivia”, explicó Paz en una comparecencia que buscó mostrar control frente a una crisis que golpea directamente a los consumidores.
El mecanismo descrito revela una operación de precisión: de cada cisterna, con capacidad de hasta 35.000 litros, se extraían entre 700 y 1.000 litros, que eran sustituidos por mezclas contaminadas. El volumen total no variaba, lo que permitía eludir controles y mantener la apariencia de normalidad en la cadena de suministro.
Pero la normalidad se quebró en los talleres mecánicos. Fue allí donde comenzaron a acumularse los indicios: motores dañados, piezas corroídas, combustible inestable. Lo que parecía un problema técnico aislado terminó destapando una red que, según las autoridades, operaba desde hace meses aprovechando las fisuras del sistema.
En ese contexto, la conversación entre Paz y Kast adquiere una dimensión estratégica. Más allá del discurso, ambos gobiernos instruyeron a sus instituciones a reforzar la cooperación, con énfasis en la interoperabilidad, el intercambio de información y la coordinación entre fiscalías y organismos técnicos. Es un intento de responder a redes que no reconocen fronteras y que encuentran en las economías regionales oportunidades de lucro.
Chile, señalado como escenario de las operaciones ilegales, optó por una respuesta de colaboración. La disposición de Kast a apoyar las investigaciones busca contener cualquier escalada diplomática y, al mismo tiempo, reforzar la imagen de control sobre su propio territorio.
Las imágenes difundidas por Bolivia, en las que se observa la venta de combustible en garajes particulares en el norte chileno, añaden una capa visual a la denuncia y apuntan a la existencia de mercados paralelos que funcionan al margen de la regulación estatal.
