TARIJA, 22 mar (El Libre Observador) — En Bolivia, el día de la votación rara vez termina cuando cierran las urnas. Este domingo, mientras 7,4 millones de ciudadanos acudían a elegir a sus autoridades locales, el presidente, Rodrigo Paz Pereira, comenzó a delinear el escenario que vendrá después; una compleja negociación con los nuevos poderes regionales para sostener la gobernabilidad en un país fragmentado.
Desde Tarija, donde emitió su voto acompañado de su padre, el exmandatario Jaime Paz Zamora, el jefe de Estado evitó el tono triunfalista y optó por un mensaje pragmático. No habló de victorias ni de derrotas, sino de acuerdos. De la necesidad, urgente, casi inevitable, de trabajar con quienes resulten elegidos, sin importar su color político.
“Vamos a tratar con aquellos que sean elegidos por la voluntad popular”, dijo, en una frase que, más que protocolar, suena a advertencia anticipada. Porque en Bolivia, las elecciones subnacionales no solo distribuyen cargos: reconfiguran el poder real. Gobernadores y alcaldes, en muchos casos, operan con márgenes de autonomía suficientes para desafiar o bloquear al Ejecutivo.
En juego hay más de 5.400 cargos repartidos en los nueve departamentos y 340 municipios del país. Más de 18.000 candidatos compiten por esos espacios, en una contienda que refleja tanto la vitalidad democrática como la dispersión del sistema político. El resultado, como en otras ocasiones, probablemente será un mapa fragmentado, difícil de articular desde el centro.
Paz parece consciente de ese riesgo. Su discurso insiste en la coordinación como única salida posible frente a un contexto que él mismo describe como “complejo”. Habla de economía, de institucionalidad, de seguridad. De un país que, según su narrativa, intenta ordenarse tras años de tensiones, pero que aún depende de la capacidad de sus actores para construir consensos básicos.
En ese marco, reaparece su propuesta de “50-50”, una idea que apunta a redistribuir poder hacia las regiones, otorgándoles mayor control sobre áreas clave como salud y educación. No es solo una promesa de descentralización: es también un reconocimiento de que el poder central, por sí solo, ya no alcanza.
La escena electoral, mientras tanto, transcurre bajo una calma cuidadosamente administrada. Más de 7,4 millones de votantes están habilitados, custodiados por un amplio despliegue de seguridad y bajo las restricciones del llamado “auto de buen gobierno”. La maquinaria electoral funciona, pero lo que está en juego no se limita a la jornada.
El verdadero pulso comenzará cuando se conozcan los resultados. Entonces, las cifras darán paso a las negociaciones, y los discursos de campaña serán reemplazados por la aritmética política. Es ahí donde el llamado de Paz cobrará sentido o quedará en retórica.
Porque en Bolivia, donde el poder se distribuye en capas territoriales densas y a menudo disonantes, gobernar implica algo más que administrar desde la capital. Implica tejer alianzas en un mosaico de intereses locales, donde cada región exige espacio y cada liderazgo reclama autonomía.
El mensaje presidencial, en ese contexto, parece menos una invitación que una necesidad. Un intento de anticiparse a la fragmentación y convertirla en cooperación. La pregunta, como tantas veces en la política boliviana, no es si habrá acuerdos, sino cuán duraderos serán.
