LA PAZ, 23 feb (El Libre Observador) — La aprobación del Decreto Supremo 5552 abrió un nuevo foco de tensión en la política boliviana al reordenar oficinas de la Vicepresidencia bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia, una decisión que la oposición califica de “antidemocrática” y que, según sus críticos, deja al vicepresidente con funciones meramente simbólicas.
La norma, emitida por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, transfiere el 90 por ciento de las direcciones administrativas al Ministerio de la Presidencia, encabezado por José Luis Lupo. Para sectores opositores, el decreto reduce la capacidad operativa del vicepresidente Edmand Lara, elegido por voto popular, y consolida un nuevo eje de poder dentro del Ejecutivo.
El diputado Armin Lluta afirmó que Lara “ya es un florero sin agua”, al considerar que perdió incluso atribuciones básicas como la designación de funcionarios. En su lectura, la decisión envía un “mal mensaje” institucional y profundiza el conflicto político entre el presidente y su segundo mandatario.
La diputada Lissa Claros sostuvo que se ha creado una “vicepresidencia a la sombra”, al quedar bajo control ministerial funciones y presupuesto.
El exdiputado Rafael Quispe fue más allá al señalar que Lupo se convierte en un “vicepresidente de facto”, ya que administraría direcciones estratégicas antes dependientes de la Vicepresidencia.
Según afirmó, el vicepresidente quedaría subordinado administrativamente a una autoridad designada, lo que, a su juicio, altera el equilibrio democrático.
El propio Lara cuestionó la constitucionalidad del decreto y aseguró que limita facultades establecidas en la Carta Magna. Advirtió sobre un eventual proceso de concentración de poder y alertó que decisiones adoptadas sin consenso podrían afectar la estabilidad institucional. También vinculó la medida a tensiones derivadas de denuncias públicas sobre presunta corrupción en la estatal YPFB.
El Gobierno rechazó las acusaciones. El viceministro René Flores defendió la legalidad del Decreto 5552 y sostuvo que se sustenta en el artículo 174 de la Constitución, que delimita las atribuciones del Vicepresidente, entre ellas coordinar relaciones entre órganos del Estado, participar en el Consejo de Ministros y asumir la Presidencia en los casos previstos.
Según el Ejecutivo, la reorganización es administrativa y no modifica las competencias constitucionales del Vicepresidente, sino que busca optimizar la gestión pública y fortalecer la coordinación interinstitucional.
El decreto emerge en un escenario de fricciones internas y reconfiguraciones políticas en el oficialismo, en un año marcado por disputas estratégicas y tensiones de poder. Mientras la oposición habla de debilitamiento democrático, el Gobierno insiste en que la medida se ajusta al marco constitucional.
La controversia reabre el debate sobre la distribución real del poder en el Ejecutivo boliviano y plantea interrogantes sobre los límites entre reorganización administrativa y equilibrio institucional en un sistema presidencialista tensionado por disputas políticas internas.
