Por Marcelo Romano
LA PAZ, 3 jul (El Libre Observador) — He seguido con atención y con creciente preocupación las medidas que el Gobierno boliviano viene adoptando frente a la escalada de precios que golpea a los hogares más vulnerables del país. Pero lo ocurrido este 1 de julio supera con creces cualquier precedente reciente: el Viceministerio de Defensa del Consumidor ha suscrito un acuerdo con las juntas vecinales para que estas asuman tareas de control contra el agio y la especulación. Lo que debería ser una política de Estado, con base técnica, respaldo normativo y acción institucional, se delega ahora a ciudadanos sin formación ni competencia legal.
Como analista que observa los procesos desde una óptica comparada, veo en este hecho una confesión abierta de impotencia estatal, un síntoma preocupante de fragmentación institucional y un grave retroceso en la concepción misma del rol del Estado en la economía.
¿Qué significa esto en términos estructurales? Que el Estado boliviano está cediendo facultades centrales a actores que no tienen ni herramientas ni atribuciones legales para ejercerlas. Lo que se presenta como una medida «participativa» no es más que una fórmula precaria de tercerización del poder público. Y eso, más que empoderamiento ciudadano, es vulneración del Estado de derecho.
Desde hace tiempo sabemos que el agio no se combate con operativos simbólicos, ni con improvisaciones, ni con delegaciones informales. Se enfrenta con inteligencia de mercado, coordinación intergubernamental y una estructura institucional capaz de anticipar, prevenir y sancionar abusos. Bolivia, lamentablemente, no está desplegando ninguna de estas condiciones.
En términos económicos, esta decisión transmite un mensaje desastroso: que el Gobierno ha perdido el control sobre las variables básicas del mercado interno. No puede garantizar precios estables, no logra coordinar con los gobiernos municipales ni establece un liderazgo firme en la defensa del consumidor. El resultado es previsible: improvisación, sobrecostos, caos en la fiscalización y pérdida de confianza ciudadana.
Desde la perspectiva política, el asunto es aún más grave. Cuando el Estado traslada su autoridad a organizaciones civiles no especializadas, erosiona su legitimidad y debilita sus capacidades frente a actores que operan —con total impunidad— desde la informalidad, la especulación o el contrabando. En lugar de ordenar el mercado, lo fragmenta aún más.
Este tipo de decisiones también expone al país a tensiones innecesarias. ¿Qué ocurre si un vecino intenta inspeccionar un comercio y se ve envuelto en una confrontación? ¿Qué garantías tienen esos ciudadanos para actuar? ¿Y qué legitimidad tendrán sus observaciones ante comerciantes, intermediarios o mayoristas? Ninguna. Porque el control económico requiere no solo voluntad, sino también estructura, ley, autoridad y profesionalismo.
El país necesita recuperar el principio de autoridad pública, reorganizar sus funciones de control y crear —con urgencia— mecanismos profesionales, autónomos y eficientes que garanticen precios justos sin recurrir a parches populistas o simulaciones de participación.
Frente a este panorama, el próximo gobierno —sea de derecha o izquierda— tendrá la obligación de restaurar el principio de autoridad del Estado, de asumir plenamente sus deberes constitucionales y de colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas del Estado, no de subrogarlas.
La lucha contra la especulación es legítima y necesaria. Pero solo será eficaz si el Estado actúa como tal: con firmeza, con ley, con responsabilidad. No escondiéndose detrás de las buenas intenciones de ciudadanos desarmados.
Si algo nos enseñan las democracias modernas es que los vacíos del Estado no se llenan con discursos ni con gestos simbólicos, sino con instituciones sólidas y liderazgos comprometidos con el bien común. Y eso, justamente, es lo que hoy falta en Bolivia.
