LA PAZ, 16 abr (El Libre Observador) — El ruido político se apagó a las cero horas del jueves parcialmente en Bolivia. Mientras cinco de sus nueve departamentos ingresaban en el silencio electoral previo al balotaje para elegir gobernadores, el resto del país continuaba su ritmo habitual. El contraste dibuja una escena inédita porque por primera vez, las restricciones electorales no se aplican de forma uniforme, sino fragmentada, reflejando la complejidad de un proceso que llega a su desenlace entre tensiones políticas y vigilancia reforzada.
La medida, dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), rige desde las 00:00 de este jueves en Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro, donde el domingo se celebrará la segunda vuelta. En estas regiones, queda prohibida toda forma de campaña, desde mítines y caravanas hasta propaganda en medios y plataformas digitales, con el objetivo de garantizar un periodo de reflexión libre de presiones para el electorado.
Pero la escena no es homogénea. A diferencia de procesos anteriores, cuando el silencio electoral implicaba restricciones amplias a escala nacional, esta vez el control es selectivo. En los otros cuatro departamentos no hay limitaciones, lo que ha obligado a las autoridades a diseñar un operativo más fino, con controles focalizados y coordinación interinstitucional para evitar desbordes en zonas donde las reglas difieren a pocos kilómetros de distancia.
Los Tribunales Electorales Departamentales han asumido un rol central en esta fase, reforzando la presencia institucional en las regiones donde se definirá el poder político local.
El silencio electoral, respaldado por la Ley 026 del Régimen Electoral, prohíbe cualquier acción destinada a influir en el voto. Sin embargo, su aplicación enfrenta un desafío creciente: el ecosistema digital.
Aunque el monitoreo oficial se concentra en cuentas verificadas de candidatos y organizaciones, el flujo de mensajes en plataformas como WhatsApp, Facebook o TikTok escapa en gran medida al control institucional, evidenciando los límites de la regulación en la era de la hiperconectividad.
A las restricciones políticas se suman las disposiciones del denominado “Auto de Buen Gobierno”, que incluye la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, el porte de armas y la restricción de la circulación vehicular. Estas medidas buscan preservar el orden público en una jornada que será clave para la recomposición del mapa político regional.
El balotaje es consecuencia directa de una primera vuelta fragmentada, en la que ningún candidato logró superar el umbral del 50 % de los votos ni alcanzar el 40 % con una ventaja de diez puntos sobre su rival. El resultado fue un escenario abierto en cinco departamentos, donde este domingo competirán los dos aspirantes más votados en una contienda decisiva.
En ese contexto, el presidente Rodrigo Paz llamó a la participación ciudadana y expresó su respaldo al órgano electoral, en un momento en que sectores políticos han cuestionado aspectos del proceso. La apelación busca reforzar la legitimidad de una votación que será observada tanto dentro como fuera del país.
El TSE anunció que el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) permitirá divulgar tendencias la misma noche de la elección. Aunque no vinculante, este conteo rápido apunta a ofrecer señales tempranas en un clima donde la confianza institucional es un activo en disputa.
Mientras tanto, el operativo logístico avanza: distribución de material electoral, habilitación de centros de votación y coordinación con fuerzas de seguridad. En las regiones en balotaje, la maquinaria electoral entra en su fase más delicada, donde cada detalle puede incidir en la percepción de transparencia.
El oficialismo pondrá a prueba su alcance territorial en cuatro de los cinco departamentos en disputa, enfrentando a una oposición diversa que busca capitalizar el voto fragmentado de la primera vuelta. En juego no solo están las gobernaciones, sino también el equilibrio político de un país que transita una etapa de redefiniciones.
