LA PAZ, 19 mar (El Libre Observador) — La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los debates entre candidatos en las elecciones generales y las subnacionales. La iniciativa ahora pasará al plenario de la Cámara para su deliberación y eventual aprobación.
«El proyecto de ley que obliga a los candidatos a debatir sus propuestas fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados para que lo someta a consideración del plenario», anunció la legisladora oficialista Olivia Guachalla, presidenta de la comisión.
Según detalló, la medida busca fortalecer la deliberación pública y la transparencia electoral al exigir que los postulantes a cargos como presidente, vicepresidente, gobernadores y alcaldes expongan y confronten sus propuestas.
La propuesta legislativa incorpora el artículo 137 bis a la Ley 026 del Régimen Electoral y otorga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la responsabilidad de reglamentar su aplicación en un plazo de 60 días.
Además, prevé sanciones para los candidatos que se nieguen a participar en los debates, incluyendo la suspensión de la subvención estatal destinada al fortalecimiento de sus organizaciones políticas.
«Se busca garantizar que los candidatos rindan cuentas ante la ciudadanía y promuevan la transparencia en las campañas electorales», enfatizó Guachalla.
La propuesta ha cobrado relevancia en un contexto donde Bolivia no ha sido testigo de debates presidenciales desde 2002, cuando los candidatos confrontaron sus visiones en un evento que antecedió la elección de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Durante los tres mandatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) de 14 años, encabezados por Evo Morales, la ausencia de debates ha sido notoria, con el exmandatario evitando encuentros públicos con sus oponentes.
Para los impulsores del proyecto, esta iniciativa representa un punto de inflexión en la política boliviana y podría transformar la dinámica electoral del país.
El debate obligatorio forma parte de un paquete de seis leyes que el Legislativo debe aprobar antes del 18 de abril, plazo límite para que el TSE emita la convocatoria oficial a las elecciones generales del 17 de agosto.
Entre estas normativas destacan aquellas dirigidas a fortalecer la transparencia electoral, como la garantía del principio de preclusión y el financiamiento del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
