LA PAZ, 25 may (El Libre Observador) — La Cámara de Diputados de Bolivia debatirá este martes la posible abrogación de la Ley 1341, una norma que regula los estados de excepción y que sectores oficialistas consideran un obstáculo para enfrentar la crisis social que mantiene bloqueado al país desde hace casi un mes.
La sesión, convocada de manera virtual para las 11:00 locales, se desarrolla en uno de los momentos de mayor tensión política del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, presionado por protestas, marchas y más de medio centenar de bloqueos carreteros impulsados por organizaciones sociales y sindicales que exigen su renuncia.
Aunque el orden del día de la convocatoria parlamentaria menciona únicamente asuntos administrativos y correspondencia, fuentes legislativas prevén que en el apartado de “asuntos en mesa” se incorpore el tratamiento del proyecto aprobado el domingo por el Senado para derogar la Ley 1341.
La norma, promulgada en 2020 durante la gestión legislativa de Eva Copa, establece mecanismos de control y procedimientos específicos para la aplicación del estado de excepción en Bolivia, una figura contemplada en la Constitución para situaciones de conmoción interna o emergencia nacional.
La eventual eliminación de esa ley no modificaría la facultad constitucional del Ejecutivo para declarar un estado de excepción, prevista en los artículos 137 al 140 de la Carta Magna. Sin embargo, sí reduciría los condicionamientos y restricciones adicionales establecidos por la legislación ordinaria, ampliando el margen de maniobra del Gobierno frente a escenarios de conflictividad prolongada.
“No es necesaria la ley”, afirmó el presidente del Senado, Diego Ávila, quien defendió la decisión argumentando que la Constitución ya otorga esa atribución al jefe de Estado.
Según Ávila, la normativa vigente impone “demasiadas limitaciones” para restablecer el orden y “pacificar al país”, en referencia a la escalada de protestas que mantiene paralizadas rutas estratégicas y golpea el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, especialmente en La Paz y El Alto.
El debate legislativo ocurre mientras Bolivia ingresa a su cuarta semana consecutiva de crisis social. Sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), junto a organizaciones campesinas, indígenas, fabriles y mineras, mantienen bloqueos indefinidos y multitudinarias marchas en demanda de cambios políticos y económicos.
La tensión se agravó durante el fin de semana tras un fallido operativo conjunto de policías y militares para despejar carreteras bloqueadas en el altiplano paceño. El Gobierno confirmó posteriormente la muerte de un civil durante los enfrentamientos, hecho que endureció aún más la postura de los sectores movilizados y debilitó los intentos de diálogo.
Para los sectores que respaldan la derogación de la Ley 1341, el país enfrenta una situación excepcional que requiere herramientas más ágiles para recuperar el control de las carreteras y garantizar el abastecimiento interno.
Pero organizaciones sociales, juristas y sectores opositores advierten que flexibilizar los controles sobre el estado de excepción podría abrir una discusión sensible sobre garantías constitucionales, derechos civiles y el alcance del poder estatal en contextos de crisis.
