LA PAZ, 19 may (El Libre Observador) — El Gobierno boliviano tomó una decisión este martes que buscó enviar un doble mensaje al país al mostrar firmeza frente a la ola de protestas y violencia, pero evitar al mismo tiempo el paso político más riesgoso desde el retorno de la democracia. No habrá estado de excepción, aseguró el Ejecutivo, pese a una ciudad sitiada por bloqueos, enfrentamientos y una creciente sensación de ingobernabilidad.
La jornada anterior había dejado imágenes poco habituales incluso para un país acostumbrado a las convulsiones sociales. Vehículos policiales incendiados, comerciantes encerrando apresuradamente sus negocios, ciudadanos huyendo de los gases lacrimógenos y columnas de manifestantes descendiendo desde El Alto hacia el corazón político de Bolivia con una consigna cada vez más radical como es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las protestas, impulsadas por sectores afines al evismo, sindicatos y organizaciones campesinas, ingresaron en su tercera semana y comenzaron a alterar la vida cotidiana de millones de personas. En La Paz y El Alto ya se sienten los efectos del desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos. Las filas en las estaciones de servicio se extienden por cuadras y los mercados reportan aumentos acelerados en los precios básicos.
Pero el Gobierno insiste en que decretar un estado de excepción podría encender aún más un escenario ya inflamable.
“Vamos a tomar medidas duras y estrictas”, declaró el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, tras una reunión con mandos policiales y militares. Luego marcó el límite político que el Ejecutivo no está dispuesto a cruzar: “No hay posibilidad de un estado de excepción”.
La declaración llegó después de una de las jornadas más violentas desde que comenzó la crisis. Grupos de manifestantes atacaron edificios públicos y comercios, incendiaron motocicletas policiales y protagonizaron choques con las fuerzas de seguridad en distintos puntos del centro paceño.
El Gobierno responsabiliza directamente a sectores movilizados provenientes del Chapare, bastión político de Evo Morales, quien permanece aislado políticamente mientras enfrenta procesos judiciales y órdenes de captura que han profundizado la fractura dentro de la izquierda boliviana.
Desde el oficialismo, el discurso se endurece a medida que las calles se vuelven más impredecibles, pero no pone orden ni brinda seguridad a la ciudadanía. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, habló de “hordas delincuenciales” infiltradas en las movilizaciones. La Policía informó sobre más de un centenar de detenidos y aseguró haber encontrado importantes sumas de dinero entre algunos arrestados, insinuando una posible financiación organizada de las protestas.
Sin embargo, en las calles de El Alto y las carreteras bloqueadas, la narrativa es distinta. Allí, dirigentes sindicales y campesinos sostienen que las movilizaciones reflejan el agotamiento social frente a la crisis económica, el aumento del costo de vida y el desgaste político del Gobierno.
La tensión también comenzó a trasladarse al oriente boliviano, donde sectores empresariales y cívicos reclaman medidas más severas para restablecer la circulación en las rutas nacionales. La Asamblea de la Cruceñidad pidió incluso un “estado de excepción sectorizado”, mientras el poderoso Comité pro Santa Cruz convocó a nuevas marchas en defensa de la democracia y contra los bloqueos.
En medio de la presión creciente, el Ejecutivo intenta evitar una imagen que en Bolivia tiene una pesada carga histórica: militares controlando abiertamente las calles bajo un régimen excepcional. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, advirtió que suspender garantías constitucionales podría convertirse en “una causa de victimización” para los sectores movilizados y abrir un escenario aún más peligroso de polarización.
La estrategia oficial parece moverse sobre una línea extremadamente delgada: contener la protesta sin provocar una ruptura mayor.
Bolivia entra así en una semana decisiva, atrapada entre la presión de las calles, las fracturas internas de la izquierda y el temor de que cualquier error político pueda transformar una crisis social en una confrontación nacional de mayor escala.
