LA PAZ, 15 abr (El Libre Observador) — La disputa por la Gobernación de La Paz ingresó en una fase decisiva y de alta tensión institucional, con un pulso abierto entre la vía judicial y la autoridad electoral. Mientras la defensa del excandidato René Yahuasi intenta restituir el balotaje mediante un recurso constitucional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió este miércoles que un fallo en ese sentido podría alterar el proceso electoral y generar incertidumbre en la transición de gobiernos regionales.
El caso se centra en la decisión del TSE de descartar la segunda vuelta en La Paz tras la declinación del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), lo que abrió la vía para proclamar como gobernador electo a Luis Revilla, de la alianza Patria-Sol. Sin embargo, esa proclamación quedó en suspenso luego de que la Sala Constitucional Segunda admitiera un amparo presentado por Yahuasi y ordenara medidas cautelares que frenan temporalmente los efectos de las resoluciones electorales.
La audiencia, prevista para este jueves, será clave para definir si el proceso electoral retrocede o se consolida.
El abogado del excandidato, Daniel Tintaya, sostiene que existen vulneraciones a derechos fundamentales que ameritan anular las decisiones del TSE y reactivar la segunda vuelta. “Se debe emitir una nueva resolución y dejar sin efecto las anteriores, lo que implicaría llevar adelante el balotaje como estaba previsto”, afirmó.
La estrategia legal de la defensa se articula en torno a algunos ejes. Primero, cuestiona la legalidad de la decisión de NGP de retirarse de la contienda, al considerar que no fue adoptada por la instancia competente dentro del partido. Segundo, apunta al TSE por haber aceptado esa declinatoria sin verificar su validez, incumpliendo, según el argumento, un control de legalidad. Y tercero, plantea que el órgano electoral debió aplicar un control de constitucionalidad para evitar la vulneración de derechos del candidato.
Del otro lado, el TSE ha endurecido su posición. El secretario de Cámara del organismo, Fernando Arteaga, alertó que habilitar una segunda vuelta en esta etapa del proceso afectaría el principio de preclusión, que impide retroceder fases ya concluidas del calendario electoral. A su juicio, reabrir el balotaje no solo tendría implicaciones legales, sino también prácticas, al poner en riesgo la continuidad institucional.
El calendario añade presión al conflicto. El mandato de las actuales autoridades subnacionales concluye el 3 de mayo, y cualquier alteración en el proceso podría generar un vacío de poder en la Gobernación de La Paz, uno de los principales centros políticos del país.
En este contexto, el caso Yahuasi trasciende lo electoral y se convierte en una prueba de equilibrio entre jurisdicciones: la justicia constitucional y el órgano electoral. Lo que está en juego no es solo la posibilidad de una segunda vuelta, sino la estabilidad de las reglas que rigen el sistema democrático boliviano en un momento de creciente judicialización de la política.
