LA PAZ, 26 jun (El Libre Observador) — En una coyuntura marcada por la fragmentación política y la desconfianza institucional, el proceso electoral boliviano vuelve a quedar atrapado entre jueces y disputas partidarias. La admisión, por parte de una sala constitucional de Santa Cruz, de un recurso que podría dejar fuera de carrera a cinco figuras presidenciales ha reavivado los temores sobre la judicialización de la democracia en un país donde el equilibrio entre los poderes del Estado parece más frágil que nunca.
El recurso –impulsado por un abogado particular y admitido por la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz– cuestiona que varios candidatos presidenciales que aún ejercen funciones públicas no renunciaron con 90 días de anticipación, como establece el artículo 238 de la Constitución.
Entre los señalados están la alcaldesa de El Alto, Eva Copa; los alcaldes Manfred Reyes Villa y Johnny Fernández, así como los senadores Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira.
Para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin embargo, el caso no es solo una controversia legal, sino una amenaza directa al pluralismo político y la autonomía del Órgano Electoral.
“Se están vulnerando principios fundamentales como la preclusión y la estabilidad del proceso”, advirtió el TSE en un comunicado inusualmente duro, donde además invoca una sentencia constitucional de 2019 que permite a autoridades electas postular sin renunciar.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
La inhabilitación de candidaturas no es un fenómeno nuevo en Bolivia. En las elecciones de 2020, por ejemplo, varios postulantes fueron apartados de la contienda por decisiones judiciales y criterios administrativos discutidos, alimentando un precedente que hoy se agrava.
Desde entonces, expertos y observadores internacionales han alertado sobre el uso político del sistema judicial como herramienta de control o exclusión electoral, un patrón que amenaza con deslegitimar los resultados, cualesquiera que sean.
La actual controversia recuerda –para muchos– los tensos meses de 2019, cuando la crisis poselectoral derivó en la renuncia de Evo Morales, una sucesión sin consenso y un ciclo de inestabilidad institucional del que Bolivia aún no termina de salir.
LA PULSEADA ENTRE PODERES
En el fondo, la controversia refleja una pulseada cada vez más evidente entre el poder electoral, el judicial y los bloques políticos que se disputan el control del proceso.
La admisión de la demanda por parte de un tribunal departamental cuestiona abiertamente el criterio del TSE y sienta un precedente delicado: cualquier decisión del órgano electoral puede quedar supeditada a una acción de cumplimiento interpuesta por terceros, sin importar su base legal o pertinencia política.
El TSE, que venía promoviendo un discurso de unidad tras la Cumbre Multipartidaria de junio, ve ahora cómo su rol arbitral se tambalea. En aquella cumbre, los principales actores políticos –incluidos el Gobierno, el Órgano Judicial y los partidos opositores– firmaron un acuerdo para garantizar un proceso electoral transparente y sin interferencias. Pero el consenso dura poco en Bolivia.
¿CANDIDATURAS A MEDIDA?
Más allá del aspecto jurídico, la selectividad del recurso también genera sospechas. La acción apunta a cinco líderes, pero ignora a más de veinte candidatos legislativos que también ejercen funciones y no renunciaron.
Para analistas locales, esto alimenta la percepción de que los recursos judiciales están siendo utilizados de forma estratégica para limpiar el terreno electoral, debilitando a adversarios clave mientras se gestan nuevas coaliciones.
“No es coincidencia que estén buscando invalidar justo a quienes pueden aglutinar votos en regiones cruciales”, comentó Hugo Gutiérrez Paco, analista político. “Hay un intento de controlar el juego desde los márgenes del sistema judicial, en lugar de competir en las urnas”, agregó.
UNA DEMOCRACIA ENTRE PROMESAS Y TENSIONES
Con las elecciones previstas para el 17 de agosto de 2025, el país enfrenta un desafío mayúsculo: lograr que los comicios no se definan en tribunales sino en las urnas.
La creciente dependencia de fallos judiciales, las disputas dentro del oficialismo –entre los bloques de Luis Arce y Evo Morales– y la incertidumbre económica acrecientan el riesgo de una convulsión institucional que socave la frágil gobernabilidad.
En medio de este panorama, la ciudadanía observa con escepticismo cómo la política vuelve a convertirse en un ajedrez judicial, donde el poder no se conquista solo con votos, sino también con resoluciones legales que redefinen el terreno de juego. En el tablero electoral boliviano, la delgada línea entre la legalidad y el oportunismo se difumina peligrosamente. Y con ella, la confianza en un proceso que, lejos de comenzar con certezas, se adentra en la niebla de las decisiones judiciales.
