LA PAZ, 26 dic (El Libre Observador) — El viceministro de Coordinación Gubernamental de Bolivia, Gustavo Torrico, calificó este jueves la situación actual del expresidente Evo Morales como un “arresto en su propio territorio”.
Atrincherado desde hace dos meses en el Chapare, Morales enfrenta una orden de aprehensión por un caso de trata de personas y estupro, mientras es protegido por un fuerte cerco de cocaleros en su bastión político.
“Está guardando una detención preventiva en su lugar”, afirmó Torrico a los medios, señalando que el despliegue de seguridad en el trópico incluye incluso personas armadas, lo que complica cualquier intento de intervención policial sin riesgo de enfrentamientos.
El Viceministro también advirtió que cualquier operativo debe garantizar la seguridad de los civiles, dejando claro que el Gobierno aguardará el “momento preciso” para ejecutar la captura.
Morales enfrenta acusaciones graves que incluyen el presunto embarazo de una menor de edad en 2016, cuando aún era presidente. Este caso, llevado adelante por la Fiscalía de Tarija, se suma a otros escándalos que han rodeado la figura del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), como las controversias de Gabriela Zapata y Noemí Meneses. Sin embargo, el expresidente ha evitado acudir a declarar, una acción que Torrico interpretó como un indicio de culpabilidad.
“Se confirma que se siente culpable y que no se va a presentar a declarar. Así y todo, pretende ser candidato nuevamente. Estas contradicciones reflejan la posición del exmandatario”, añadió el Viceministro.
BASTIÓN CONVERTIDO EN FORTALEZA
Desde el trópico de Cochabamba, Morales ha reforzado su posición con el respaldo incondicional de los cocaleros que lo consideran su líder indiscutible. Las organizaciones sociales de la región han aumentado las medidas de seguridad, declarando un estado de emergencia indefinido para impedir cualquier intento de captura.
“El Chapare está preparado para cualquier cosa, aquí no vamos a permitir que se lleven a nuestro hermano Evo”, declaró uno de los líderes del movimiento cocalero.
Estas declaraciones reflejan un clima de tensión latente que pone al Gobierno en una encrucijada: cumplir la orden de aprehensión sin provocar un enfrentamiento que pueda derivar en violencia.
El Gobierno ha dejado claro que la orden será ejecutada, pero sin poner en riesgo la vida de personas inocentes.
Torrico aseguró que el operativo, cuando se lleve a cabo, será planificado meticulosamente para evitar cualquier daño colateral. Esta postura evidencia una estrategia de contención frente a la creciente polarización política y social que acompaña al caso.
