LA PAZ, 17 oct (El Libre Observador) — El juicio por el caso «Golpe de Estado I» comenzó este jueves, con la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y dos líderes opositores, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, en el banquillo de los acusados.
Tras casi cuatro años de investigación, la Fiscalía boliviana los acusa de delitos graves como terrorismo, conspiración y asociación delictuosa, relacionados con los hechos que precipitaron la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.
El Ministerio Público ha solicitado al juez una pena de 20 años de cárcel para los tres principales implicados. Áñez, quien asumió la presidencia tras la salida de Morales, enfrenta cargos junto con Camacho, gobernador de Santa Cruz, y Pumari, exdirigente cívico de Potosí.
El juicio se desarrolla en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, bajo estrictas medidas de seguridad.
El caso «Golpe de Estado I» fue abierto tras una denuncia presentada en 2020 por la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty. Cuatro años después, el Ministerio Público formalizó la acusación, enfocándose en las reuniones y acciones de diversos sectores políticos entre octubre y noviembre de 2019, que culminaron en la renuncia de Morales.
Los eventos desencadenaron violentos enfrentamientos en las localidades de Sacaba y Senkata, dejando un saldo de 20 muertos y más de 200 heridos.
La Fiscalía asegura contar con una sólida base de pruebas, que incluye 131 declaraciones de testigos y 133 documentos, entre ellos informes forenses, extractos bancarios y registros de reuniones, que demostrarían la participación de los acusados en los hechos investigados.
A las afueras del tribunal, organizaciones sociales realizaron una vigilia exigiendo justicia y la máxima sanción para los acusados. «Tiene que haber justicia, es el mandato de las bases», declaró Esteban Alavi, líder de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), quien pidió celeridad en el proceso.
La Policía Boliviana desplegó un amplio operativo, cerrando calles cercanas al juzgado y reforzando la seguridad ante la presencia de manifestantes, tanto a favor como en contra de los imputados.
La hija de Jeanine Áñez, Carolina Rivera, calificó el proceso judicial como «injusto e ilegal», argumentando que debería tratarse de un juicio de responsabilidades y no de un proceso penal ordinario.
«Este caso ya cuenta con una sentencia anticipada», afirmó Rivera, en referencia a lo que considera una persecución política.
En tanto, la Fiscalía sostiene que el juicio investiga los hechos previos a la renuncia de Morales, en un contexto de fuerte convulsión social y política.
Argumenta que el proceso judicial no corresponde a un juicio de responsabilidades, dado que los actos se produjeron antes de que Áñez asumiera la presidencia interina.
