LA PAZ, 4 sep (El Libre Observador) — El arribo del exministro de Gobierno Arturo Murillo en calidad de deportado desde Estados Unidos reabre en Bolivia una de las páginas más polémicas de su historia reciente. Enmanillado, con chaleco de detenido y rodeado de policías, Murillo volvió al país que abandonó tras la caída del gobierno de Jeanine Áñez en 2020, convertido hoy en símbolo de las tensiones entre justicia, memoria y polarización política.
Murillo no llega como un simple acusado: aterriza con dos condenas firmes a cuestas —ocho años por sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y cinco años y cuatro meses por el ingreso irregular de armamento no letal— y más de 30 procesos en curso que incluyen cargos por legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de armas, resoluciones contrarias a la ley y hasta la sustracción de documentos personales del expresidente Evo Morales.
Su prontuario lo convierte en uno de los personajes más controvertidos de la transición de 2019-2020.
El hombre fuerte del gobierno de Áñez
Durante el breve pero turbulento gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Murillo se erigió en el rostro más duro del gabinete. Como ministro de Gobierno (Interior), ejerció un rol clave en la represión de las protestas tras la renuncia de Evo Morales, que desembocaron en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, donde al menos 37 personas perdieron la vida según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque esos procesos fueron recientemente anulados en los tribunales bolivianos por instrucción del nuevo Tribunal Supremo de Justicia para que sean tramitados en un juicio de responsabilidades, el recuerdo de aquellas jornadas lo persigue.
Para sus seguidores, Murillo fue un funcionario que intentó restablecer el orden en un país convulsionado por la crisis electoral de 2019. Para sus detractores, fue la personificación de la persecución política y de un esquema de corrupción que utilizó el poder transitorio para enriquecerse.
Una caída con resonancia internacional
El hecho de que Estados Unidos lo haya procesado por lavado de dinero y sobornos marcó un punto de inflexión. Su captura en Florida en mayo de 2021, la condena en enero de 2023 y la posterior deportación en 2024 evidencian que sus irregularidades trascendieron las fronteras.
El caso dejó al descubierto cómo parte del aparato estatal boliviano fue utilizado para negociar con empresas extranjeras, en particular en la compra de material antidisturbios.
Para el gobierno de Luis Arce, la repatriación de Murillo simboliza un acto de justicia y una oportunidad de mostrar resultados concretos en la lucha contra la impunidad. En tanto, la oposición, sin embargo, su retorno despierta sospechas sobre un eventual uso político de los procesos en su contra, en un contexto donde la judicialización es una herramienta recurrente en la disputa por el poder.
Justicia, memoria y polarización
El regreso de Murillo obliga a Bolivia a mirar hacia el espejo de 2019, un año aún abierto en la memoria colectiva. Las muertes de Sacaba y Senkata, la huida de Evo Morales, la emergencia de Áñez y la fractura institucional siguen siendo heridas recientes.
Que uno de los protagonistas más visibles de aquel período se siente ahora en el banquillo de los acusados puede convertirse tanto en un gesto de reparación como en un nuevo detonante de divisiones políticas.
Los próximos pasos judiciales serán cruciales: definir en qué penal cumplirá sus condenas, ordenar los más de 30 procesos abiertos y garantizar que estos no se conviertan en meros instrumentos de revancha.
El reto de la justicia boliviana será demostrar independencia y capacidad de gestión frente a uno de los expedientes más complejos de su historia reciente.
El futuro de un personaje incómodo
El destino de Murillo ya no se juega en Washington ni en los tribunales federales de Miami, sino en los juzgados de La Paz. Su figura, sin embargo, seguirá ocupando un espacio central en el debate político.
Para el oficialismo, representa el emblema de un gobierno transitorio ilegítimo y corrupto; para ciertos sectores opositores, puede convertirse en un mártir de la “persecución judicial”. Lo cierto es que el retorno del exministro reaviva los fantasmas de una etapa en la que Bolivia vivió uno de los momentos más críticos de su democracia. La imagen de Murillo descendiendo del avión, custodiado y reducido, encapsula la paradoja de un hombre que ejerció poder sin concesiones y que ahora deberá enfrentar, en su propio país, el peso acumulado de la justicia y de la memoria.
