LA PAZ, 20 mar (Libre Observador) – En un escenario de creciente tensión social y dificultades económicas, el Gobierno de Bolivia denunció este jueves que las recientes huelgas y bloqueos organizados por distintos sectores no solo buscan presionar por demandas económicas, sino que también pretenden desestabilizar la democracia del país.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, fue categórico al señalar que estas manifestaciones no buscan soluciones concretas, sino que agravan la crisis. “La intención de estos paros no es resolver ningún problema, sino generar caos y dañar la economía de la población. Los más afectados siempre son los gremiales, los transportistas, los productores y las familias que viven del trabajo diario”, declaró Silva a medios estatales.
Las movilizaciones de este miércoles, encabezadas por transportistas y campesinos, exigieron al Ejecutivo soluciones inmediatas a la escasez de combustibles y a la inflación, mientras que sectores rurales han pedido la renuncia de ministros. Los manifestantes han advertido que, de no ser escuchados, radicalizarán sus medidas de presión en los próximos días.
A su vez, el Comité Multisectorial —conformado por productores, empresarios, transportistas, exportadores y gremialistas— ha convocado una marcha de 85 kilómetros desde la localidad de Patacamaya hasta La Paz, programada para el 24 de marzo, con el objetivo de visibilizar sus demandas. Entre sus exigencias destacan la derogación de la disposición de decomisos incluida en el Presupuesto General del Estado, el abastecimiento constante de diésel y dólares, así como la liberación de exportaciones.
En respuesta a las protestas, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del país. Silva defendió las acciones del Ejecutivo, afirmando que se están realizando esfuerzos para enfrentar la crisis. “Mientras algunos convocan a paralizar el país, nuestro Gobierno está garantizando la distribución de combustibles, realizando control de precios en los mercados y denunciando a los especuladores. Las familias no merecen ser rehenes de intereses políticos que solo buscan satisfacer apetitos personales y atentar contra la democracia”, enfatizó.
El Ejecutivo también anunció la intensificación de operativos para evitar la especulación y el contrabando, asegurando que la protección de la economía familiar es una prioridad. “Vamos a seguir con operativos diarios para garantizar que los productos se vendan a precio justo y que la economía de la gente no se vea afectada”, agregó Silva.
Mientras tanto, Bolivia enfrenta una nueva crisis de abastecimiento de combustibles, con largas filas en estaciones de servicio desde hace semanas. A esta problemática se suma la falta de dólares en el mercado desde 2023, vinculada a la disminución de las reservas internacionales netas (RIN) y a la caída de ingresos por exportaciones de gas.
En 2024, la inflación alcanzó un 9.97 %, la cifra más alta desde 2008, cuando se situó en 11.8 %. Para febrero de 2025, el índice ya acumulaba un 3.24 %, generando mayor preocupación en sectores productivos y en la ciudadanía. La situación sigue siendo incierta, mientras la tensión entre los sectores movilizados y el Gobierno aumenta con cada jornada de protestas.
