LA PAZ, 4 jun (El Libre Observador) — El conflicto entre el sector del transporte sindicalizado y el Gobierno boliviano escaló este miércoles, luego de que la Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo de La Paz anunció el inicio de una huelga de hambre indefinida a partir del lunes 9 de junio y amenazó con no pagar peajes en señal de protesta por la escasez de combustibles y un reciente decreto que limita la carga de diésel y gasolina en vehículos con sistema de Gas Natural Vehicular (GNV).
La decisión fue adoptada en un mitin masivo en el centro de La Paz, tras una multitudinaria marcha que partió desde la ciudad de El Alto y bloqueó parcialmente el tránsito en arterias principales. La medida se suma a una serie de acciones de presión que buscan forzar al Gobierno a abrogar el Decreto Supremo 5400 y atender una lista de demandas económicas y sectoriales.
“Compañeros, a partir del día lunes no vamos a pagar peajes en el departamento de La Paz, y como decía la última resolución, nos declaramos en huelga de hambre a la cabeza de la federación departamental”, afirmó el secretario ejecutivo de la federación, Edson Valdez, durante su intervención pública.
La protesta se enmarca en un contexto de creciente descontento por el desabastecimiento intermitente de carburantes en varias regiones del país, lo que ha impactado de manera directa en el transporte público y de carga.
El Decreto Supremo 5400, aprobado recientemente, establece un control más estricto sobre el consumo de combustibles subvencionados, lo que, según los choferes, ha profundizado la crisis del sector.
En el mitin se aprobaron seis resoluciones clave, entre ellas el rechazo a la dirección nacional del gremio por considerar que no representa los intereses de las bases, y la exigencia de que la Policía y los gobiernos municipales levanten las restricciones vehiculares vigentes en La Paz.
Además, solicitaron a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) un congelamiento inmediato del pago de créditos bancarios, argumentando que la falta de ingresos por la crisis del transporte impide cumplir con esas obligaciones.
Durante la jornada, el servicio de transporte público fue irregular y escaso. En las principales paradas de minibuses y trufis se registraron largas filas de usuarios, mientras que las líneas del teleférico operaron con mayor afluencia de pasajeros, en un intento de suplir el vacío dejado por los transportistas sindicalizados.
“Estamos en estado de emergencia permanente. El Gobierno debe dar soluciones reales o estas medidas se radicalizarán”, advirtió Valdez, mientras dirigentes afines insistieron en pedir la renuncia de autoridades del Ejecutivo, a quienes acusan de negligencia ante el desabastecimiento.
La amenaza de boicot al pago de peajes representa un nuevo punto de tensión con la administración del presidente Luis Arce, que ya enfrenta movilizaciones de otros sectores sociales y productivos por la situación económica. La posibilidad de cortes de ruta y bloqueos en los próximos días no ha sido descartada por los dirigentes.
La tensión entre el Gobierno y los gremios del transporte aumenta en un escenario de creciente incertidumbre política y económica, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales convocadas para el 17 de agosto.
