LA PAZ, 27 ago (El Libre Observador) – Seis años después de las jornadas que sacudieron a Bolivia en 2019, la memoria de las masacres de Sacaba y Senkata sigue siendo una herida abierta. El presidente Luis Arce reavivó este miércoles esa discusión con un mensaje cargado de indignación: denunció que la justicia aún no ha dado respuestas a las familias de las víctimas y cuestionó con dureza recientes fallos que favorecieron a dos figuras opositoras de peso.
“Es incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad no tengan un tratamiento judicial adecuado”, escribió Arce en redes sociales, recordando que organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA calificaron los hechos de 2019 como masacres. “El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos exige una respuesta”, añadió.
Las palabras del mandatario coincidieron con decisiones judiciales que sacudieron el tablero político. El exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari fue liberado “pura y simplemente” tras casi un año en prisión preventiva, mientras que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho —el opositor más influyente de la región oriental y uno de los principales detractores del MAS— obtuvo detención domiciliaria en el mismo proceso conocido como “Golpe de Estado I”.
Un país aún partido por 2019
La reacción en las calles fue inmediata. Afuera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, colectivos de víctimas que exigían sanciones por las muertes en Sacaba y Senkata se enfrentaron a grupos que pedían la liberación de los líderes cívicos. Esa fractura social refleja la profundidad del trauma de 2019, un año en el que Bolivia se precipitó en una de sus peores crisis políticas en décadas.
La renuncia de Evo Morales, forzada tras denuncias de fraude electoral y una ola de protestas, dejó al país en una espiral de violencia. La presidencia interina de Jeanine Áñez, avalada por sectores opositores y militares, desembocó en operativos policiales y militares que dejaron al menos 37 muertos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). El GIEI, tras una investigación auspiciada por la OEA y el Estado boliviano, concluyó que hubo ejecuciones extrajudiciales y violaciones graves a los derechos humanos.
Pero, seis años después, el camino judicial sigue empantanado. Aunque Áñez fue condenada en otro proceso a 10 años de prisión por asumir la presidencia de manera irregular, los casos específicos de las masacres avanzan lentamente en los tribunales. Para las víctimas y sus familias, el paso del tiempo es un signo de impunidad.
La justicia como campo de batalla político
Los fallos que beneficiaron a Camacho y Pumari volvieron a encender las tensiones. Para los abogados defensores, se trata de un “precedente positivo” que muestra independencia judicial frente a un sistema criticado por responder al oficialismo. Pero para el gobierno y las víctimas, son una muestra de que la justicia boliviana sigue siendo incapaz de responder a los crímenes más graves del pasado reciente.
La figura de Camacho, además, añade combustible a la controversia. Como gobernador de Santa Cruz, representa el bastión opositor más fuerte al Movimiento al Socialismo (MAS). Su papel en las protestas de 2019, cuando irrumpió en La Paz con una Biblia en la mano exigiendo la salida de Morales, lo convirtió en símbolo de la resistencia cívica. Hoy, su liberación parcial no solo tiene implicaciones judiciales, sino también electorales, en un país que se prepara para los comicios de 2025.
Justicia, memoria y elecciones
El discurso de Arce no es solo un gesto de solidaridad con las familias de Sacaba y Senkata. También es un posicionamiento político en un momento clave. A las puertas del Bicentenario de Bolivia y en plena disputa interna dentro del MAS, el presidente busca mantener la bandera de la justicia y la memoria como eje de su narrativa, frente a un bloque opositor que reivindica 2019 como una gesta cívica contra un régimen autoritario.
El contraste es nítido: mientras las víctimas piden verdad y sanciones, la oposición celebra lo que considera un triunfo frente a la persecución política. El resultado es un pulso que mantiene en tensión a la sociedad boliviana, atrapada entre los recuerdos de un pasado traumático y la incertidumbre de un futuro electoral que amenaza con reeditar las divisiones.
La demanda de “¡Memoria, verdad y justicia!”, que Arce repitió en su mensaje, se ha convertido en un grito político que supera lo judicial. Para muchos bolivianos, los hechos de 2019 son la línea que separa dos relatos inconciliables: el de las víctimas que denuncian masacres y el de quienes defienden que la salida de Morales fue una recuperación democrática.
Mientras los tribunales bolivianos toman decisiones que reconfiguran el mapa político, el país sigue sin resolver su mayor dilema: cómo enfrentar la memoria de 2019 y cómo traducirla en justicia. Y en esa encrucijada, el gobierno de Arce apuesta por convertir el recuerdo de Sacaba y Senkata en un eje de legitimidad política de cara al próximo ciclo electoral.
